Marlaska, el enemigo

La seguridad ciudadana está en peligro evidente; ahí están las tasas de criminalidad que no paran de subir y eso que se huele y se nota acción de maquillaje según qué tipo delincuencial. Pero que esta tónica general de inseguridad, decepción, cabreo, desconcierto haya calado de forma tan profunda entre las fuerzas y cuerpos de seguridad no viene caída del cielo, no, viene de las instituciones del Estado. El Gobierno, que ya es mucho decir, a través de sus actores principales en materia de seguridad –llámese Ministerio del Interior, Secretaría de Estado, direcciones generales de Guardia Civil y Policía Nacional–, tiene locos a quienes se tienen que batir el cobre en las calles. Guardias civiles y policías que en según qué intervenciones no saben cómo actuar tanto por falta de medios (chalecos antibala adecuados, pistolas táser en abundancia, escudos protectores, material antidisturbios para control de masas, vehículos en condiciones...), de personal y, sobre todo de seguridad jurídica y de la propia administración. Las cúpulas policiales no saben/no contestan, los ascensos y buenos destinos están en juego.

El Ministerio del Interior, y evidentemente el responsable máximo es el ministro de turno, ahora señor Marlaska, partícipe directo de las grandes incongruencias en materia de seguridad para con sus trabajadores, a los cuales una vez y otra también los está dejando a los pies de los caballos. No todo debe estar supeditado a las directrices políticas de turno, del lado que sea, pero lo que está ocurriendo en España en materia de seguridad es gravísimo y de unas consecuencias insospechadas tanto para los que las están promoviendo políticamente como para los ciudadanos en general. Si se aprueba la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC) se va a apuntalar el desprecio, el odio y la falta de respeto hacia los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, además de desprotegerlos de herramientas de trabajo que son eficaces en todo el mundo, pero al parecer aquí no es así. Si sumamos el golazo con nocturnidad y alevosía de descontar a etarras penas cumplidas en el extranjero saltándose a la torera sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2019, que avaló la doctrina de los tribunales españoles de que «no se descuente a los terroristas condenas cumplidas en el extranjero», el cóctel está servido.

El ministro es el máximo responsable de la seguridad y si él no es capaz de hacer ver al Gobierno que es un error histórico de consecuencias irreparables la decisión de validar esa modificación de la LSC, ya que ni Bildu ni PSOE han hecho público el acuerdo de esta legislatura con ausencia total de transparencia e información a la ciudadanía por temor a la repercusión negativa, pero los hechos van retratando a unos y otros. Por no hablar del cambio radical de criterio del presidente Sánchez de no querer saber nada de Bildu. Tras las elecciones autonómicas y municipales de 2019, Pedro Sánchez dijo que «el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición, y es que con Bildu no se acuerda nada». Ello con los voceros de ETA moviéndose cual serpiente en el Congreso de los Diputados, para más inri.

Pero es mejor, por ejemplo, eliminar las pelotas de goma en las manifestaciones porque, según ellos, son muy lesivas que seguir sin arrepentirse y pedir perdón por los tiros en la nuca o las bombas a diestro y siniestro; eso no es lesivo. Lo dicho, Marlaska es el enemigo público número uno porque sus actuaciones así lo demuestran al dejar indefensos a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la ciudadanía que cumple y respeta la ley y pasa olímpicamente de las víctimas del terrorismo. Y eso que es juez.