Solo uno de cada 20 trabajadores de las agencias empresariales de la Junta de Andalucía es funcionario

Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía./EFE
Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. / EFE

La auditoria interna a los doce entes públicos detecta duplicidades y mala gestión de recursos

CECILIA CUERDOSevilla

El gobierno andaluz de PP y Ciudadanos analiza ya con detenimiento las conclusiones del análisis realizado a doce de las agencias empresariales y entes instrumentales de la Junta de Andalucía, la «administración paralela» que según los populares le sirvió al PSOE durante años para colocar afines y apuntalar su poder político. La auditoría ha relevado duplicidades, deficiente gestión de recursos y, sobre todo, el desequilibrio de una plantilla de 9.461 personas de las que solo uno de cada 20 empleados es funcionario de carrera. El ejecutivo regional asegura tajante que «no habrá despidos ideologizados» de esta plantilla, aunque dejan claro que estudiarán caso por caso.

La «administración paralela» o los chiringuitos fue uno de los caballos de batalla del PP durante años, reprochando duramente a los «enchufados del PSOE» cuyas cifras terminaban de conocer porque, denunciaban, el gobierno socialista nunca les dio el listado formal de entidades y plantilla. El informe de la Intervención General desvela ahora que esas doce agencias analizadas reciben 2.411 millones de euros, de los que 283 millones de euros se van para nóminas. Por eso, y tras conocer que 8.963 personas accedieron a esos puestos sin oposición, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, explica que se analizará su situación para determinar su futuro en el caso de que se decida cerrar esos entes o darles nuevas competencias. El PSOE ya ha expresado su temor a que los despidos, que Bendodo niega por el momento, se produzcan una vez pasadas las elecciones municipales.

El informe detecta además que existen duplicidades de funciones de estas agencias con sus consejerías matrices porque «no se ha delimitado bien el ámbito de actuación de las competencias», de modo que «se duplican esfuerzos y malgastan recursos». Es más, solo en dos de los 12 casos analizados, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), está «justificado que sean agencias públicas empresariales», aunque con áreas de mejora en su gestión, según detalló el consejero de Hacienda, Juan Bravo. Por estos motivos, la Junta se plantea revisar su naturaleza o bien que devuelvan competencias al organismo central.

El consejero de Presidencia dibujó diversos escenarios, desde la extinción a la fusión o la reducción, «pero en todos los casos nuestro objetivo es optimizar», insistió. Sobre los trabajadores, abrió la puerta a estabilizar la plantilla dando prioridad a los méritos y la capacidad mediante oposiciones y concursos. En cualquier caso, quiso dejar claro que los datos avalan las tesis que esgrimieron durante años. «El gobierno socialista ha gestionado el dinero público como si fuera dinero no de ellos», dijo, «la gestión consistía en intentar recaudar más para gastar más. En engordar más la administración autonómica y colocar a más gente».