El PSOE se afana en mitigar el impacto de una decisión judicial que daba por «descontada»

La principal formación del Gobierno lleva meses presentándose como víctima de una doble traición. La de Ábalos, primero, y la de Santos Cerdán, que lo sustituyó en la secretaría de Organización, el puesto de mando interno, después. Los dos contribuyeron al ascenso de Sánchez a la secretaría general del partido en 2017 y los dos desempeñaron un importante papel en la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy con la que, apoyado en aquella 'mayoría Frankenstein' de la que hasta entonces abominaban y con el argumento de combatir la corrupción, logró poner bandera en la Moncloa.

El golpe de un auto judicial que viene a corroborar la gravedad de los hechos juzgados –en este caso, las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia– es profundo. Y más en un momento como el actual, en el que la compleja mayoría parlamentaria que permitió la investidura en 2023 ha empezado a hacer aguas (aunque no sea por los escándalos) y los socios evidencian su desconfianza en que la legislatura aguante. Pero los socialistas alegan, de manera mayoritaria, que el daño que pudiera hacerles Ábalos, hacia el que tratan de expresar su desprecio, está ya «amortizado».

El propio jefe del Ejecutivo trató de aparentar normalidad y de evidenciar que el asunto no afecta lo más mínimo a la acción del Gobierno. Poco después de conocerse la noticia – esperada por todo el mundo, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara 24 años de cárcel contra Ábalos–, y tratando de neutralizar también el otro mazazo de la jornada, el rechazo del Congreso a la senda de déficit, que no presenció por estar en Moncloa con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, decidió intervenir en la firma del acuerdo para la subida del 11% del salario de los funcionarios, inicialmente no incluida en su agenda.

Mientras la oposición insiste en que la situación es ya insostenible y que Sánchez debería convocar elecciones, los socialistas replican que el español es uno de los Gobierno más estables de Europa y que su compromiso contra la corrupción está acreditado. «Frente a cualquier indicio el PSOE actúa con tolerancia cero, con transparencia y con medidas contundentes desde el primer minuto. Ojalá todos los partidos hicieran lo mismo» esgrimió Ferraz en un comunicado en alusión a la decisión de apartar a Ábalos ya en febrero de 2023, tras la detención de su asistente, Koldo García.

Entonces, el PSOE exigió al exministro el acta de diputado, que este rechazó entregar pasándose al Grupo Mixto, y le abrió un expediente disciplinario que, sin embargo, permaneció en el limbo durante más de un año y solo ejecutó el pasado junio, cuando la UCO desveló la participación de Cerdán– cuya honestidad había defendido Sánchez en sede parlamentaria pocas semanas antes– en una trama de mordidas por contratos de obra pública junto a Ábalos y Koldo. Cerdán sí entregó el acta y renunció a todos sus cargos.

«El PSOE es tajante –se defendió la dirección–: no aceptamos lecciones de quienes han tenido cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción. La corrupción también retrata a quienes actúan frente a quienes miran hacia otro lado. Y no quepa ninguna duda: este partido siempre estará entre quienes actúan». En el horizonte queda por ver cómo avanza la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre los pagos en efectivo que Ferraz realizó a Ábalos y su asistente.

Anticorrupción cree que la contabilidad entregada por el partido no es «esclarecedora» aunque su alusión a un «posible desfalco cometido contra el partido» permite, de momento al PSOE, insistir en que, en todo caso, es víctima y no autor de un delito. También está por ver si, acorralado, el exministro empieza a disparar contra Sánchez como ya hizo el martes, aun con munición de bajo calibre.