Sánchez convoca elecciones el 28 de abril y abre un futuro incierto

La formación de Gobierno estará encadenada a los comicios autonómicos y municipales del 26 de mayo

Ramón Gorriarán
RAMÓN GORRIARÁNMadrid

258 días después de tomar posesión como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convocó las elecciones generales el 28 de abril. El rechazo de los Presupuestos, la fractura de la mayoría de la moción de censura, y la consiguiente soledad parlamentaria del PSOE, además de la beligerancia de «las tres derechas» plasmada en la foto de la plaza de Colón están detrás del anticipo electoral. Pero el líder socialista de ninguna manera siente fracasado. Todo lo contrario. Los ocho meses y medio de gestión gubernamental han sido, a su entender, la historia de un éxito.

La decisión se tomó el pasado lunes en la reunión del sanedrín de la Moncloa, el núcleo duro de Sánchez que integran su jefe de gabinete, Iván Redondo, la vicepresidenta Carmen Calvo, el ministro José Luis Ábalos y la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra. Los Presupuestos se votaban dos días después en Congreso, pero el presidente del Gobierno ya tenía la certeza de que Esquerra y el PDeCAT le iban a dejar caer con el mantenimiento de sus enmiendas a la totalidad. En esa reunión también se decidió que el debate presupuestario del martes y miércoles pasados que protagonizó la ministra de Hacienda debía de ser en clave electoral. María Jesús Montero, según los socialistas, cumplió con las expectativas, se empleó a fondo con los líderes de PP, Ciudadanos, Esquerra y PDeCAT, y adelantó los mensajes socialistas de la próxima campaña.

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Sánchez se encerró en un férreo silencio sobre sus planes, y aunque desde esferas gubernamentales se filtró no se sabe con qué intención que las elecciones serían el 14 de abril, la decisión del día 28 no se modificó. El presidente del Gobierno aguardó hasta este viernes para hacer el anuncio porque quería celebrar un Consejo de Ministros extraordinario antes de comunicar sus intenciones al Rey. No pudo reunir antes al gabinete porque media docena de ministros acompañaron el miércoles y el jueves a Felipe VI en su viaje oficial a Marruecos. En política, ya se sabe, las formas son casi tan importantes como el fondo.

El presidente del Gobierno descartó la hipótesis del 'superdomingo' del 26 de mayo porque, además de las peticiones para evitarlo de algunos barones de su partido, el escrutinio y la logística, difíciles con varias convocatorias electorales simultáneas, se complicaría aún más con unas elecciones generales. Las demandas de PP y Ciudadanos para unir todas las votaciones en el cuarto domingo de mayo tampoco jugaron a favor de esa opción. Pero además de estos argumentos, nadie puso sobre la mesa un argumento político de peso para unificar los comicios generales, europeos, autonómicos y locales.

Dos meses y medio de campaña

La convocatoria de las elecciones legislativas abre un futuro incierto. Por delante quedan casi dos meses y medio de campaña electoral, Semana Santa incluida, que puede conducir a un bloqueo político similar al de 2016 y a un vacío de poder hasta el verano. Se da por descontado que nadie obtendrá la mayoría absoluta en el Congreso, y los pactos postelectorales volverán a ocupar todo el escenario político. Con la circunstancia añadida de que al haber 28 días después elecciones europeas, autonómicas y municipales es muy probable que las fuerzas políticas escondan sus cartas hasta que se celebren esas votaciones. No sería de extrañar que el signo ideológico del próximo Gobierno quede supeditado a los acuerdos autonómicos.

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No se perciben mayorías claras, aunque algunas encuestas apuntan a que la suma de PP, Ciudadanos y Vox sería la opción más factible para alcanzar la mayoría. El retroceso de los populares se da por descontado, pero quedará paliado por el previsible ascenso de los liberales y la segura irrupción de la extrema derecha. En el otro campo, el anunciado crecimiento del PSOE se verá lastrado por la caída que auguran todos los estudios para Unidos Podemos. El pacto transversal entre socialistas y Ciudadanos, que es la opción preferida para muchos en el PSOE, no tiene visos de cuajar por diversas razones. La fotografía resultante del 28 de abril, por tanto, puede asemejarse a la que salió de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, y que desembocaron en una repetición de las votaciones en junio de 2016.

Afirma que reveses como el de los Presupuestos son «derrotas parlamentarias pero victorias sociales»

El presidente decidió la fecha el pasado lunes tras comprobar que ERC y PDeCAT le iban a dejar caer

Sánchez, que ya ha hecho todas estas cábalas y más, no quiere, sin embargo, hablar en público de ellas por «respeto» a los ciudadanos porque lo que «decidan bien decidido estará». Pero la comparecencia para anunciar la fecha de los comicios tuvo un inconfundible aroma electoral. Con medio gabinete sentado en primera fila de la sala de conferencias de prensa de la Moncloa y la otra mitad en una sala anexa viendo la intervención por televisión, el presidente del Gobierno hizo un amplio repaso de sus ocho meses y medio de gestión, defendió «la legitimidad y constitucionalidad» de la moción de censura, detalló el trabajo realizado (13 leyes y 25 decretos leyes), repartió estopa a la oposición conservadora, que «añora un tiempo pasado», y dedicó las palabras más duras de su mandato a los independentistas.

La única razón para el adelanto electoral, explicó, está en la derrota presupuestaria y su negativa a gobernar con las cuentas prorrogadas de Mariano Rajoy. «Sin Presupuestos no se puede gobernar», confesó. Pero hizo de la necesidad virtud y proclamó con cierto timbre triunfal que 2hay derrotas parlamentarias que son victorias sociales». La intervención entusiasmó tanto a sus ministros que premiaron a Sánchez con una ovación cuando regresó a la sala del Consejo para celebrar la reunión semanal ordinaria.

El anticipo supondrá un gasto extra de 175 millones para las arcas del Estado

M. E. ALONSO | Madrid

La decisión de Pedro Sánchez de llamar a las urnas el próximo 28 de abril y no hacerlas coincidir con las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo supondrá un gasto extra para las arcas públicas de unos 174 millones de euros. Esa fue la factura que dejaron los comicios que tuvieron lugar el 26 de junio de 2016, en las que el Estado destinó 130 millones en concepto de gastos de organización y 44 millones en subvenciones para los partidos que concurrieron a ellas. Diez millones menos de gasto que las que se celebraron seis meses antes, el 20 de diciembre de 2015, y que dejaron un nuevo tablero político con la irrupción de dos nuevas formaciones Podemos y Ciudadanos.

De toda esa cantidad, el grueso correspondió a los costes organizativos de la maquinaria electoral del 26-J. 48 millones fueron a Correos (para el voto por correo y buzoneo o la propaganda electoral); 12,8 a la difusión de los datos y escrutinio a través de los medios y 12,5 a logística. Los otros 55 millones se fueron a pagar sl personal de la Administración que intervino en cada uno de esos procesos electorales, incluidos los operativos especiales de seguridad a los que se destinaron 13 millones de euros. También se reservaron casi 1,7 millones para posibles imprevistos.

El resto del presupuesto va destinado a financiar a los partidos que concurren a los comicios. Con estas aportaciones públicas las candidaturas pagan el coste de sus campañas. Entre el 20-D y el 26-J sumaron un total de cien millones de euros por este concepto. Según el BOE, el Estado subvencionó con 21.167,64 euros cada escaño del Congreso y del Senado que los partidos obtuvieron el 26-J, la misma cantidad que en el 20-D y 465,69 euros menos que en los anteriores comicios generales de 2011. Este sistema prima a los partidos con mejores resultados y es letal para aquellos que no consiguen escaños y deben afrontar por sus propios medios los créditos bancarios que normalmente piden para las campañas.

Tras pasar por caja en las últimas elecciones, el PP recibió en hace tres años 17,9 millones en subvenciones, muy por encima de los 12,7 del PSOE (incluyendo al PSC), los 8,1 de Podemos y los 6,9 millones de Ciudadanos. En el caso del partido de Pablo Iglesias, que concurrió al 26-J en coalición con Izquierda Unida y diversas mareas autonómicas, habría que sumar los 2,2 millones que percibió el partido de Alberto Garzón y los casi 700.000 que se embolsó Compromís.

Partidas presupuestarias

Las cuentas frustradas propuestas por Sánchez contemplaban una partida para 2019 de 303 millones para financiar procesos electorales y subvencionar a partidos. Esta cantidad estaba destinada a los comicios municipales, autonómicas y europeas y llevaba una partida para un posible adelanto de las generales.

Para el mantenimiento y adquisición de material destinado al 26-M el Ministerio del Interio calcula una partida de 176,8 millones, al juntarse tres convocatorias distintas. A eso habría que sumar otra cantidad similar para el 28-A. En total unos 350 millones de euros. Una cantidad que se podría haber reducido de celebrar los comicios el mismo día ya que se reducirían los costes debido a que muchos de los gastos estructurales pueden compartirse.

Según recoge la normativa electoral, cuando coinciden varias citas electorales en un mismo día los partidos sólo pueden gastar en campaña para todas las citas lo que corresponda de la partida más elevada (o la que elijan) e incrementar esa cantidad el 25%.

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