La Fiscalía pide tres años y nueve meses de prisión para el novio de Ayuso por el doble fraude fiscal

En concreto, por el primer ilícito el fiscal reclama dos años y un día de prisión y por el segundo 21 meses de cárcel. El Ministerio Público pide aplicar la atenuante de reparación del daño, ya que el imputado consignó en su momento los más de 300.000 euros que no habría abonado en los ejercicios de 2020 y 2021.

El pasado 29 de mayo, la jueza Inmaculada Iglesias dictó un auto de pase a procedimiento abreviado (el equivalente al procesamiento) contra González por dos fraudes fiscales en los ejercicios 2020 y 2021 y por falsificación de documentos mercantiles para cometer esas irregularidades fiscales.

Iglesias cerró así la investigación sobre el posible doble fraude, que era la pieza principal de esta causa en la que se indaga la evasión de 350.951 euros, pero seguirá instruyendo la pieza separada en la que la pareja de la presidenta está imputado por corrupción en los negocios y administración desleal por el pago de supuestos sobornos al grupo Quirón.

La instructora Iglesias, en esencia, consideró ciertas las conclusiones de la Agencia Tributaria (ratificadas el pasado marzo por dos inspectoras) de que González Amador se dedicó a endosar gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades que no se correspondían con servicios realmente prestados (de ahí la acusación también de falsedad en documento mercantil) con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021.

La jueza, como tampoco ha hecho la Fiscalía, rechazó el argumento de la defensa de que todo fueron discrepancias «técnicas» y «fácticas» y consideró probado que con esas maniobras González Amador dejó de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 de la la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S. L. una cuota de 155.000 euros y por ese mismo impuesto de 2021, una cuota de 195.951 euros.

En el marco de esta pieza principal fue en el que en febrero de 2024 el abogado de González Amador, Carlos Neira, envió un mail al fiscal Julián Salto, que investigaba el supuesto fraude del empresario, en el que reconocía que su cliente efectivamente había cometido ese doble delito fiscal y en el que se mostraba dispuesto a alcanzar un acuerdo para solventar este asunto con una multa y una pena mínima de prisión que no supusiera la entrada en la cárcel. Aquel polémico mail fue el que se acabó filtrando a la prensa en marzo del pasado año y que ha acabado con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, encausado ante el Tribunal Supremo por revelación de secretos.