La Fiscalía rechaza que el Estado se persone en las causas de delitos sexuales

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá./Efe
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. / Efe

El Ministerio Público replica al Gobierno que la «tutela de las víctimas está garantizada» y le recuerda que su proyecto vulnera la Constitución

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

El Gobierno ha enfadado a la Fiscalía General del Estado con su anuncio el pasado viernes, al calor de la excarcelación de La Manada, de que estudia la posibilidad de que la Abogacía del Estado se persone en todos los casos de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Tras la indignación y asombro por el proyecto por parte de los servicios jurídicos del Estado y de las asociaciones de fiscales, este lunes fue la propia Fiscalía General la que tuvo que recordar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a su ministra de Justicia, la fiscal Dolores Delgado, que la «tutela de las víctimas está garantizada» por la intervención del Ministerio Público en todos los procesos, al tiempo que recordó al Gobierno que su proyecto de movilizar a la Abogacía en los millares de casos de abusos y violaciones contravendría, incluso, la Constitución.

«La Fiscalía General del Estado quiere informar a los ciudadanos de que la defensa y tutela de las víctimas está garantizada por la intervención del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos en los que hay denuncia», apunta el comunicado oficial de la Fiscalía General, que recuerda que son la propia Constitución y el Estatuto del Ministerio Fiscal los que reservan exclusivamente al Ministerio Público la protección de los damnificados.

La Fiscalía no oculta que se ha sentido ninguneada por las declaraciones del Gobierno a raíz de la puesta en libertad de los cinco condenados por los abusos de los Sanfermines de 2016. El Ministerio Público insiste en que la «práctica» de la Fiscalía «en todos los procedimientos penales con relación a las víctimas, muy singularmente respecto de las que lo son de delitos sexuales», siempre ha sido y será la de «su defensa integral, tanto en la vertiente penal como en todos los aspectos regulados en el Estatuto de la Víctima».

Momento delicado

El escrito de la Fiscalía que desentierra el hacha de guerra con el nuevo Gobierno llega en un momento muy delicado en la institución. El ex fiscal general Julián Sánchez Melgar ya ha dejado su puesto y su sustituta, María José Segarra, todavía no ha tomado posesión. La nota, por tanto, ha sido redactada por varios altos cargos del departamento, bajo la coordinación de la fiscal de Sala del Supremo Pilar Fernández Valcárcel, que es precisamente la fiscal delegada para la Protección de Víctimas.

Se da además la circunstancia de que la asociación más beligerante con la idea del Gobierno ha sido la Unión Progresista de Fiscales (UFP), a la que pertenecía como vocal la ministra Dolores Delgado y de la que también formaba parte, antes de ser propuesta para Fiscal General, la propia Segarra. La UFP abrió el mismo viernes el fuego defendiendo el papel de la fiscal del caso de La Manada.

En el Ministerio Público no se ha entendido en absoluto el anuncio del Gobierno, sobre todo porque la Fiscalía pidió más de 20 años de cárcel para los cinco jóvenes sevillanos; defendió la calificación de violación (no de abuso); se ha opuesto a su excarcelación durante todo el proceso (también tras la sentencia); ya ha anunciado que recurrirá la puesta en libertad de los cinco condenados; y también ha anunciado que recurrirá hasta la última instancia la calificación de los hechos como un simple abuso sexual.

El Ministerio Público no ha sido el único en contestar el proyecto gubernamental. Responsables de la Abogacía del Estado se apresuraron a denunciar que la actual legislación no contempla la posibilidad de que los servicios jurídicos de la Administración central puedan personarse en defensa de los intereses de un particular durante un proceso penal.

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