El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales

Solo horas antes de esta rebaja, el fiscal, al que el magistrado había dado un plazo de cinco días para hacer efectiva esta caución con el apercibimiento de ser embargado, había depositado en el Supremo los 150.000 euros que le reclamaba inicialmente.

Se da la paradoja de que Hurtado se autocorrige basándose en el recurso de reforma que presentó el lunes la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, en el que solicitaba que se corrigiera el error material de integrar la multa contemplada para el delito de revelación de secretos en el cálculo de los 150.000 euros establecidos inicialmente.

El instructor, que reconoce su error a no atenerse a la doctrina del Tribunal Constitucional que no permite incluir en la caución la cuantía de la hipotética multa, indica en su nuevo auto que «introduce un elemento» que no fue tenido en cuenta cuando se fijaron esos 150.000 euros y, «puesto que tiene repercusión favorable al acusado, no es cuestión de esperar más tiempo y prolongar la decisión sobre este particular, por cuanto que, aun sin necesidad de recurso, el propio juez, de oficio, puede hacer modificación en la cantidad, en función de las circunstancias que se le presenten».

Añade que su resolución se limita a hacer la rebaja «que entiendo oportuna en atención a esa nueva circunstancia, dejando para el debate del recurso el resto de las consideraciones sobre los demás particulares, en particular el relativo a la cuantía por responsabilidad civil».

Según fuentes del procedimiento, Álvaro García Ortiz ha tenido que recurrir a avales bancarios con parte de su patrimonio como garantía para poder afrontar esta caución, ya que no disponía en efectivo de esa cantidad.

El máximo responsable del Ministerio Público, según estas mismas fuentes, ha rechazado la ayuda monetaria que numerosos allegados, amigos y personas anónimas le habían ofrecido para enfrentar esta fianza, ya que García Ortiz no quería implicar a terceras personas en este procedimiento.

Precisamente, este lunes, González Amador, pidió al Supremo que duplicase esa caución hasta los 300.000 euros, al considerar que los daños morales sufridos como consecuencia de la filtración del correo en el que su abogado reconocía que su cliente había cometido un doble delito fiscal y el «relato político» hecho con ese argumento por los contrincantes de Ayuso no han cesado ni un día.

Según el recurso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, desde que el 14 de marzo de 2024 -el día en que la Fiscalía emitió un comunicado dando detallada cuenta de los 'emails' entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales- se han repetido sin cesar declaraciones de «personajes políticos o periodísticos «con el ministro de Justicia a la cabeza» en las que se «denominaba a través de los medios de comunicación a Alberto González Amador 'delincuente confeso' o 'defraudador confeso'».

La defensa de González Amador aseguraba que «jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general del Estado».

Fue el pasado 9 de septiembre cuando el instructor Hurtado fijó la fianza de 150.000 euros en la misma resolución que ordenaba sentar en el banquillo al máximo responsable de la Fiscalía española por un delito de revelación de secretos. Hurtado, en una resolución sin precedentes en la historia judicial, acordó la apertura de juicio oral contra un fiscal general del Estado, acusado de haber maniobrado para entregar un correo a la prensa en el que la defensa del empresario Alberto González Amador admitió un fraude tributario de 350.000 euros en busca de un acuerdo extrajudicial.

El instructor destacó en su resolución de la pasada semana que García Ortiz «indiciariamente» podría haber «revelado», en su «condición de fiscal general, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo». Y apuntaba a la entrega del correo confidencial a un periodista de la Cadena Ser el 13 de marzo de 2024 entre las 21:29 y las 23:00 horas, quien lo difundió a las 23:25 en el espacio Hora 25, para erosionar la imagen de Díaz Ayuso.

Del mismo modo, explicaba Hurtado en la resolución de apertura de juicio oral que el correo del abogado de González Amador de 2 de febrero de 2024 «contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía». Y añadía que «no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación».