Ayuso mantiene su desafío al Gobierno y se niega a crear el registro de médicos objetores al aborto
La Comunidad de Madrid deja en manos de los tribunales la decisión sobre la elaboración de esta lista
El Gobierno de Madrid no creará voluntariamente el registro de médicos objetores de conciencia del aborto y trasladará a los tribunales la decisión final. «En ... la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos. Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada y nadie», ha afirmado este viernes la consejera de Sanidad, Fátima Matute. «Desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población», ha insistido Matute.
La decisión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso constituye un nuevo reto al Gobierno central. Hace un mes, el 14 de octubre, la ministra de Sanidad, Mónica García, envió un requerimiento a las tres comunidades autónomas que no habían entregado sus listas de médicos que se niegan a realizar abortos en los hospitales públicos, Madrid, Aragón y Baleares, para que en el plazo de un mes tuvieran listo el documento o en su caso, alegaran los motivos por los que aún no habían podido crearlo.
Si no lo hacían en ese plazo, García amenazó, según lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con plantear un recurso en los siguientes dos meses para que un juez «les obligue a cumplir la ley».
La ley del aborto del 2023 regula la objeción de conciencia «como un derecho individual de cada profesional sanitario, que debe manifestarse con antelación y por escrito». Este texto exige que se cree «un registro de objetores de conciencia del personal sanitario, garantizando la seguridad jurídica y el pleno respeto del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario».
Tras el requerimiento del Ministerio de Sanidad, Aragón y Baleares comenzaron casi inmediatamente a dar pasos en la creación de sus registros de objetores. El Gobierno de Aragón aprobó una orden para iniciar la elaboración del proyecto informativo para crear el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia y la consejera de Salud balear, Manuela García, anunció que prepara un decreto en el mismo sentido. Madrid, sin embargo, mantiene su desafío y se encomienda a la decisión judicial.
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