Antifraude denuncia ante el Supremo graves irregularidades en una obra que afecta a Ábalos, José Blanco y Pardo de Vera
La agencia valenciana asegura que hubo un millón de euros en sobrecostes en la construcción de la estación de ferrocarril de la localidad de Albal
La Agencia Valenciana Antifraude de la Comunidad de Valencia abre un nuevo frente en el 'caso Koldo'. El organismo fiscalizador autonómico ha remitido un informe ... al instructor de esta causa en el Supremo, Leopoldo Puente, en el que denuncia graves irregularidades en la construcción de la estación de ferrocarril de Albal (Valencia). Esta obra fue promovida mediante un convenio entre ese ayuntamiento, gobernado por el PSOE, y ADIF durante la época de José Luis Ábalos como ministro de Transportes e Isabel Pardo de Vera como presidenta del ente ferroviario.
No obstante, Antifraude sitúa el origen de la construcción de la controvertida infraestructura en un «Protocolo de Colaboración para la implantación de una Estación de Cercanías en Albal», firmado en mayo de 2011 cuando era ministro de Fomento José Blanco, quien, como Ábalos y Santos Cerdán, también fue secretario de Organización socialista.
En su informe, que Antifraude también ha remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el organismo concluye que «el Ayuntamiento de Albal ha pagado más de 1.000.000 de euros por encima del coste real de la obra y las expropiaciones».
Según explica el documento, ADIF adjudicó esta obra a Lantania, S.L, que es una de las empresas que el conseguidor Víctor de Aldama señaló ante el Supremo como presuntas pagadoras de comisiones a cambio de «obras pre-adjudicadas». En ese procedimiento, sostiene Antifraude, tuvieron lugar multitud de irregularidades, que «implican vicios de nulidad por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
El organismo fiscalizador sostiene que en esa adjudicación hubo «conductas, hechos u omisiones que podrían presentar caracteres de irregularidades administrativas graves en relación con la tramitación, financiación y firma del convenio» con ADIF.
Entre otras muchas irregularidades –relata el informe- estaba la «falta de competencia del ayuntamiento de Albal para asumir los compromisos adquiridos, la ausencia de tramitación del expediente necesario para el ejercicio de una competencia impropia de manera previa» o la «inexistencia de crédito adecuado y suficiente», así como la ausencia de «fiscalización por parte de la intervención municipal».
Golpeada por la dana
Además, señala Antifraude, en las obras bajo sospecha «no se cumplió con todas las determinaciones del 'Patricova' (Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana)». De hecho, la estación «no se llegó a inaugurar en el plazo inicialmente previsto» debido a los efectos de la dana que arrasó Valencia en octubre de 2024, «que se produjo el mismo día de recepción de las obras».
Recuerda el informe que el origen de la construcción estuvo en el protocolo firmando durante el mandato de Blanco, si bien en 2019 se cerró el expediente por parte del Ayuntamiento de Albal y ADIF, rubricado por el alcalde de esa localidad, el socialista Ramón Marí Vila, y la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, imputada tanto en la Audiencia Nacional (por la contratación de la novia de Ábalos) como en el Supremo (por el presunto amaño de otras obras públicas a favor de la trama corrupta) .
Responsables de Lantania salieron al paso este mismo martes de las acusaciones de Antifraude y aseguraron que esa empresa ganó el concurso por «valoración objetiva». «Recibió la cuarta mejor valoración técnica y la mejor oferta económica, después de la descalificación de las dos primeras ofertas por temeraria», explicaron fuentes de la compañía, que destacaron que otras tres firmas recibieron mejor «valoración subjetiva» que Lantania.
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