Alvise admite que recibió 100.000 euros de un empresario pero niega financiación ilegal

Una entrega que el investigado ha admitido en su interrogatorio, aunque ha negado que fuera para engordar las cuentas de su formación, ya que, matizó, gastó la mitad de ese dinero en cosas personales, incluidos viajes, según han señalado fuentes jurídicas presentes en la declaración. Sobre su participación en un evento de criptomonedas con Romillo, aseguró que fue por una charla de media hora sobre «libertad financiera» en el Hipódromo de Madrid y detalló que el dinero se lo dieron dos trabajadores del empresario en sus instalaciones de Centinel, en un maletín negro con diez fajos de 10.000 euros cada uno en billetes de 50 y 100 euros.

El eurodiputado ha sostenido, de acuerdo con las citadas fuentes, que llevó ese dinero a su casa pero que no lo gastó en la campaña de SALF, que dice que le costó poco más de 30.000 euros, de ahí que no lo reflejara en las cuentas de SALF. Sobre los 100.000 euros, ha precisado que usó aproximadamente la mitad en gastos personales, entre los que ha mencionado viajes personales y profesionales. El resto ha indicado que sigue a su disposición.

En cambio, Romillo sostuvo ante el juez que dio esos 100.000 euros al político para la campaña electoral de SALF, confirmando así lo que ya expuso ante el juez que investiga la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC) en la Audiencia Nacional, de la que el empresario era su administrador. «Se le han dado 100.000 euros a Alvise y él ha testificado que no se los he dado para el uso de la campaña. En todas las conversaciones que se aportó en su día, son para el uso de la campaña. No es de ningún evento ni es de ningún pago. Me he ratificado absolutamente en todo lo que se dijo en el caso de la Audiencia Nacional, al 100%», dijo en declaraciones a la prensa.

Romillo ha especificado que Alvise «quiso poner un testaferro, que es una empresa que se llama Somos Libres, para que se hiciera un pago por transferencia» pero que «no se le hizo». De acuerdo con 'CryptoSpain', ese supuesto testaferro «se dedica a temas de ocio nocturno y prostitución». Interrogado por los periodistas sobre la razón por la que le dio esos 100.000 euros, el empresario ha contestado que era para hacer promoción de Centinel, «una de las actividades» que se desarrollaban a través del MIC. Pero, ha indicado, «como no lo llegó a hacer», entendieron que ese dinero era para «cualquier otro servicio relacionado con su futuro puesto o con su futuro puesto de poder».

Según fuentes jurídicas, la defensa de Romillo ha entregado copia del contenido de su móvil con las conversaciones con Alvise, junto a un informe pericial encargado por sus letrados, si bien la acusación popular que ejerce el PSOE ha reclamado que se contrastara y el magistrado instructor, Julián Sánchez Melgar, ha accedido, ordenando volcar el contenido del teléfono del empresario, que ha explicado que tendrá que volver al Supremo a entregar el dispositivo.

Es la tercera vez que Alvise estaba citado a declarar como investigado en el Supremo. Ya compareció por las otras dos causas que tiene abiertas: una relativa a la difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; y otra por el presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio, Susana Gisbert.

Así las cosas, este viernes el eurodiputado ha respondido a las acusaciones de presunta financiación irregular de su partido. El Supremo considera que la actuación de Alvise encajaría en el delito de financiación ilegal de partidos políticos, toda vez que «es de aplicación a los hechos el artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), en cuanto refieren una conducta sobre elusión de los deberes de contabilidad y control de ingresos de los partidos políticos».

Ese artículo de la LOREG establece que «los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados con la pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses».

La Sala de lo Penal, cuando abrió esta causa, señaló que los hechos atribuidos a Alvise también podrían «indiciariamente» constituir «delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental». Para el tribunal, por dichos delitos resultarían responsables tanto el eurodiputado, ya que «aparece como administrador electoral del partido», como Romillo, «como donante del partido, con entrega de cantidades superiores a las permitidas y como autor de un delito electoral».

Al margen de las pesquisas judiciales, las declaraciones de este viernes han estado marcadas por los rifirrafes a las puertas del alto tribunal. Alvise, que ha sido el primero en salir, ha protagonizado un enfrentamiento con la prensa, que ha terminado con los periodistas retirándole los micrófonos y grabadoras tras increparles e insultarles.