Fiscalía y acusadas intentarán hoy un pacto que evite el juicio de la Casa Cuna

El Juzgado de lo Penal número 1 de Logroño celebra hoy un acto de conformidad por el caso de la Casa Cuna en el que la Fiscalía y la defensa de las acusadas de un presunto delito de violencia habitual intentarán llegar a un acuerdo para evitar la vista. En caso de que no se alcance ninguno, el magistrado señalará la apertura de juicio para otro día.

La causa afecta a Noelia O.A., Verónica G.E. y María del Carmen A.F. -exdirectora y dos exprofesoras de la guardería municipal Casa Cuna, que gestiona la empresa Eulen en régimen de concesión- para quienes la Fiscalía reclama una pena de prisión de un año y nueve meses, para la primera, y de ocho meses, para cada una de las dos monitoras, por un presunto delito de «violencia habitual». El Ministerio Público considera probado que los malos tratos, tanto físicos como vejatorios, eran habituales y repetidos en una escuela infantil de niños de hasta 3 años, que es propiedad del Ayuntamiento de Logroño y que continúa gestionando Eulen, junto con las también guarderías municipales de El Cubo y El Arco. El caso se remonta a agosto del año 2013, cuando un grupo de padres, alertados por una trabajadora de Eulen, pusieron los hechos en conocimiento del Ayuntamiento y de la Policía Nacional, que inició una investigación.

Estos días, lo mismo que sucedió cuando se conoció el caso del centro de educación infantil hace más de un año, se han repetido las peticiones de cese de la concejal del área, Paloma Corres.

El lunes fue el PR+ y ayer fue el grupo municipal socialista, a través de Carlos Navajas, quien aludía a la responsabilidad política pendiente de asumir. El edil recordó que la petición de cese no es nueva: «La llevamos haciendo ya muchos tiempo, de manera infructuosa». «Desde que llegaron al Gobierno -dijo el concejal en referencia al PP-, debilitaron el área de educación, con la desaparición de la Concejalía y, luego, de la figura del director general de Educación, con lo que ha habido, al final, un déficit de control de los centros», apuntó.

Sobre el caso concreto de Casa Cuna, Navjas denunció que «la actitud inicial fue la de 'aquí no pasa nada', para luego tratar de echar balones fuera cuando es obligación del Ayuntamiento el control de estas guarderías». En este sentido, afirmó que «el Ayuntamiento 'pasó' de estos centros educativos porque no los consideraban algo propio».

Por su parte, el PP de Logroño indicó que el Gobierno local «es el primer interesado en que los hechos se esclarezcan y está colaborando con la Justicia desde el principio, teniendo como primer objetivo salvaguardar el interés de los menores y la tranquilidad de las familias». Los populares insisten en que «el Gobierno local actuó con responsabilidad tomando medidas desde el primer momento».