Siete detenidos por explotación laboral de 45 trabajadores en situación irregular, tres de ellos menores, en La Rioja Baja

Engañados, explotados laboralmente y hacinados en condiciones inhumanas. La Guardia Civil de La Rioja ha desarticulado un entramado criminal durante un operativo bautizado como 'Operación Landwrt' en la que han sido detenidas siete personas -seis hombres y una mujer-, con edades comprendidas entre los 28 y los 50 años y todos ellos de nacionalidad marroquí. Durante el dispositivo, los agentes localizaron a, al menos, 45 personas, tres de ellas menores de edad, que trabajaban jornadas maratonianas sin contrato laboral en fincas de La Rioja Baja y que en su mayoría vivían hacinadas en habitaciones sin ventilación e incluso encerradas con candados en ellas, según ha informado el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez, durante una rueda de prensa junto a la delegada del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz, y el coronel jefe de la X Zona de la Guardia Civil, Enrique Moure.

Según ha detallado Miguel Ángel Sáez, la operación se inicia a principios del mes de julio, cuando agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Calahorra tiene conocimiento de la posible existencia de esta red criminal que estaría conformada en un primer momento por tres personas. «Las actuaciones realizadas permiten constatar que este entramado criminal acude al sur de España a buscar mano de obra barata para traerla a la Rioja. Cuando llegan aquí son alojados en diferentes pisos de manera totalmente inhumana y los trasladan a fincas, donde son sometidos a jornadas de trabajo maratonianas durante las que están vigilados constantemente por las personas de confianza de este entramado criminal», ha explicado el portavoz del Instituto Armado.

Tras iniciar un despliegue por varias fincas, los agentes llegan a encontrar a cerca de 45 trabajadores, la mayoría de ellos sin contrato laboral y explotados, que cuando ven llegar a los agentes salen huyendo. Entre estas personas se localiza a tres menores de edad -de 12, 15 y 17 años- sometidos a las mismas condiciones de explotación laboral que los adultos.

Sáez no ha dudado en poner algunos ejemplos de las inhumanas condiciones en las que vivían las víctimas. «Llamaba mucho la atención que en uno de los registros que se llevaron a cabo en una vivienda estaban alojadas 15 personas, varias de ellas en situación irregular. Pero en este inmueble, en una de las estancias cerradas con un candado desde el exterior, cuando los agentes abren esa puerta se encuentran a un matrimonio viviendo en condiciones totalmente infrahumanas, sin dignidad alguna, con un pequeño colchón sucio en el suelo y unas mantas y a modo de respiradero una pequeña ventana de unos 35 por 40 centímetros», ha resumido el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, que ha añadido a su relato la explotación laboral a la que era sometidas estas personas: «Muchas de estas personas que estaban siendo víctimas de explotación no llegaban a cobrar su salario por las labores de recolección de fruta y verdura o desbroce de fincas. En algunos casos les pagaban sueldos simbólicos, por ejemplo llegaban a cobrar 1 euro por kilo de piparra recolectado, pero les descontaban luego 150 euros por una habitación compartida o 50 euros por el uso de un colchón, si le podemos llamar así, porque en muchos casos pues era denigrante ver el tipo de mobiliario que tenían en las viviendas».

Además, a las víctimas, sometidas a un alto grado de dependencia de esta organización criminal, las atraían con promesas falsas, ya que «les ofrecían regularizar su situación para poder trabajar en España y tener la nacionalidad, cosa que nunca iba a ocurrir y eran totalmente engañados», ha incidido Sáez.

Solicitadas las correspondientes órdenes judiciales, la Guardia Civil procedió al registro de 10 inmuebles, cinco viviendas y cinco naves industriales. En estas últimas se intervienen 22.000 euros en efectivo y 2.500 euros en joyas. También se han inmovilizado dos vehículos, se ha hallado abundante documentación que aún está siendo sometida a estudio y se ha suspendido temporalmente la actividad laboral de una de las empresas implicadas en la trama, «relacionada con la parte contratante de los trabajadores y del entramado criminal», según ha explicado Sáez, quien ha añadido que debido a la envergadura de la investigación por el número de víctimas y la cifra de registros, además de las posibles ramificaciones en la vecina comunidad foral, en la operación participaron efectivos de las USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia) de la Guardia Civil de La Rioja y Navarra, además del equipo del área de investigación de Arnedo y unidades de seguridad ciudadana de diferentes puestos de La Rioja Baja. «Pero el grupo criminal no trabajaba en Navarra, se ha centrado todo en La Rioja Oriental, el entramado criminal estaba asentado aquí en la Rioja», ha aclarado.

A los detenidos se les atribuyen los presuntos delitos en diferentes grados de participación de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos explotación laboral, blanqueo de capitales y contra el derecho de los trabajadores.

Tras explicar que «los detenidos han sido puestos a disposición judicial y creo que en estos momentos están en libertad a la espera de ser llamados a juicio» y que «a las 45 víctimas se les ha dado toda la ayuda que tienen que prestar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se han puesto también los hechos en conocimiento tanto de Servicios Sociales como de las diferentes administraciones», el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja ha lamentado que «esta operación ha vuelto a aflorar esa doble moral de ciertos agricultores que contrataban a través de este grupo criminal a las víctimas siendo conscientes de que estaban en España de manera ilegal, que les habían anulado todos sus derechos y que estaban sufriendo condiciones inhumanas de explotación». Consultado por la prensa sobre la cifra de agricultores que se prestaban a contratar a estas personas, Sáez ha señalado que «no tengo ese dato en estos momentos, pero bastantes».

En el mismo sentido, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha censurado que «las víctimas eran instrumentalizadas, privadas de su dignidad y convertidas en meros engranajes de un sistema productivo con el solo propósito de obtener beneficios económicos».

«No todo vale para obtener beneficios económicos, esto es algo que tendríamos que tener claro todos, pero parece que no es así y las víctimas de esta organización, sin embargo, eran explotadas y mantenidas en condiciones infrahumanas, en condiciones totalmente incompatibles con la dignidad de las personas», ha lamentado Arraiz, para denunciar que «la Guardia Civil ha constatado la doble moral de algunos agricultores y empresarios de La Rioja Baja que no dudaban en contratar a trabajadores a través del jefe de este grupo criminal para sus propias explotaciones con condiciones laborales casi nulas, incluso con la contratación de víctimas menores de edad».

Tras felicitar a la Guardia Civil por la operación -«Su labor siempre es importante, pero operaciones como esta es aún más fundamental porque estamos hablando de la trata de seres humanos, que es un delito muy grave porque se vincula a gravísimas vulneraciones de derechos humanos»- la delegada del Gobierno en La Rioja ha defendido que «además de la persecución del delito y la lucha contra las redes organizadas es necesario también que se tipifiquen y se penen este tipo de actuaciones, pero además es imprescindible crear conciencia social acerca de la existencia de la dimensión e implicaciones de un fenómeno como este que vulnera la necesaria protección de los derechos laborales y la garantía de condiciones de trabajo decente. Esto es necesario que todos, también contratadores y empleadores, lo tengamos claro».

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