Salud propone ofrecer 850.000 euros como indemnización por el intercambio de bebés

Según ha podido saber este periódico, la Consejería de Salud ha decidido asumir en su totalidad las recomendaciones del Consejo Consultivo, de manera que ofrecerá a la reclamante esa cantidad como indemnización por los daños morales causados. Dado su monto, para ser eficaz, la propuesta de Salud tendrá que ser previamente aprobada por el Consejo de Gobierno.

El intercambio de bebés tuvo lugar en el antiguo hospital San Millán en junio del año 2002. Con cinco horas de diferencia nacieron dos niñas, a las que llamaremos María y Ana. Ambas fueron llevadas a la sala de incubadoras y, finalmente, a las cunas. Allá es donde supuestamente se cometió el error fatal. Sus vidas, a partir de entonces, se entrecruzan: Ana será criada por los padres biológicos de María y María, ante la discapacidad incapacitante de los progenitores reales de Ana, por la abuela de esta. Cada una de ellas vivirá la infancia destinada a la otra.

El error se destapará quince años más tarde, de manera fortuita, cuando la abuela reclame una pensión de alimentos al que todos pensaban que era el padre de María. Las pruebas de ADN demostraron que no lo era. La sorpresa se completó cuando, más adelante, se vio que tampoco la supuesta madre tenía relación biológica alguna con María. Cuando, declarada ya mayor de edad, María acudió en busca de una explicación al servicio de Inspección Médica, Salud investigó los nacimientos que se produjeron en aquella fecha y concluyó que solo pudo ser cambiada por Ana. Meses después, las pruebas de ADN acabarían por confirmarlo.

Más allá del impacto brutal que la noticia causó en las dos familias, María inició un proceso de reclamación patrimonial ante la administración. A través de su abogado, José Sáez-Morga, cuantificó la responsabilidad patrimonial de la administración en tres millones de euros por tratarse «de un daño continuado de por vida de imposible reparación, solo mitigable». En un primer momento, el instructor del expediente de la Consejería de Salud indicaba que no se podía apreciar nexo causal entre la situación actual de la joven y el error del intercambio, aunque ofrecía «subsidiariamente» un pago de 215.000 euros. En un análisis posterior de los hechos, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma elevaron la cantidad estimada como reparación hasta los 430.000 euros.

La Consejería de Salud pidió entonces un informe al Consejo Consultivo de La Rioja; este informe es preceptivo cuando las posibles indemnizaciones, como es el caso, superan los 50.000 euros, aunque no resulta vinculante. En su resolución, el Consejo Consultivo eleva la cuantía de la reparación moral hasta los 850.000 euros; cifra que la Consejería de Salud asumirá ahora y con la que se cerrará el caso por vía administrativa. Si la demandante considera la cantidad insuficiente, tendrá que emprender un proceso judicial.