Religión pierde alumnos de nuevo, pero aún la eligen siete de cada diez en Primaria y ESO

En La Rioja, las nuevas restricciones de esta materia, que en la última década ha perdido en torno a medio millar de alumnos –el grueso, en Bachillerato–, supuso una importante reducción de la plantilla de los docentes de Religión. Educación prescindió de los servicios de 14 profesores que, según explicó la Consejería que dirige Pedro Uruñuela, estaban contratados de forma temporal con lo cual su contrato acababa cuando finalizaba el curso. Pero además de la pérdida de profesores, Educación recomendó, y así se ha llevado a la práctica en algunos centros, reagrupar a los alumnos por ciclos y por etapas si no se superaba la ratio establecida para cada nivel educativo.

La medida generó cierta polémica, el sindicato ANPE la recurrió ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo, y esta misma semana, a falta de unos días para que se celebren las elecciones a la junta de personal docente no universitario, convocadas para el próximo jueves, la Federación de Enseñanza de CCOO anunció que se opone a la postura de ANPE y se ha personado en el recurso planteado por este sindicato porque, insiste, «todas las religiones tienen que estar fuera de la escuela». En una nota, también criticó al profesorado de Religión por haber entrado «por la puerta de atrás» a la función pública. La afirmación ha soliviantado al colectivo.

Truncada la vía de negociación en la mesa general con función pública y con Educación –«No hubo manera», precisa Gustavo Navas, presidente de ANPE-Rioja–, recurrieron a la vía judicial las instrucciones de inicio de curso relativas a la materia de Religión. «Lo que nos parecía mal es que se agrupara a estos alumnos y, sin embargo, los que se quedaban en la clase se quedaban de manera reducida», explica. A su juicio, la medida supone una discriminación para los que optan por Religión.

«No entendemos que si estamos por la calidad del sistema educativo, por bajar ratios en todos los niveles, en todas las asignaturas, no hay de primera ni de segunda, por qué la Consejería tiene este empeño en Religión y a los que no cursan Religión no se les agrupa». La postura de ANPE, «sin entrar a valorar si esta asignatura debe estar fuera o no de las aulas», insiste, es defender los derechos de los profesores de Religión, un colectivo por el que, según explica, cuando las competencias todavía estaban en manos del Ministerio, no se cotizaba a la Seguridad Social, ni se les abonaba trienios ni sexenios. Derechos que se han ido reconociendo en los juzgados.

«Ante esto, ANPE lo que está haciendo y lo que siempre va a hacer es defender los derechos de los trabajadores, ya sean de Religión, Matemáticas o de Dibujo porque es de justicia: igual trabajo, igual sueldo».

«Todas las religiones tienen que estar fuera de la escuela, del sistema educativo», detalla Pedro Antolín, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. Desde el «máximo respeto» a las creencias, matiza, «entendemos que deben circunscribirse al espacio personal, familiar, a las iglesias y a las mezquitas, pero no a las escuelas». Porque «queremos que en las escuelas funcione la ciencia y no la creencia».

Antolín asegura que desde su sindicato defienden a todos los trabajadores, pero aunque «no queremos ofenderlos», insiste en que los profesores de Religión «no pasan por ningún sistema de igualdad, mérito y capacidad. Es el Obispado el que de una forma subjetiva dice qué profesor va a estar en un centro o en otro». Por tanto, «no es de justicia que todo el profesorado público pase por esos principios y en este caso no se cumplan», argumenta.

Desde Escuelas Católicas, su presidenta Ana Isabel Preciado, sostiene que ellos defienden la libertad «y también en esto, para que las familias en conciencia elijan o no». No obstante, cree que al vivir en una sociedad secularizada, algunas familias «no tienen muy claro lo que se está haciendo». Una situación que lamenta porque «incluso culturalmente nuestro país y Europa no se entienden sin la religión católica». Todo al margen de que cualquier cuestión que tenga que ver con pérdida de puestos de trabajo «es sangrante», apunta. Esto, sumado a que «se esté reduciendo horario de tal manera, lo vemos como una herramienta más de este Gobierno para seguir discriminando todo lo que tenga que ver con la escuela concertada y con la religión católica».

La delegada Episcopal de Enseñanza, Ana Rosa Ruiz-Bazán, destaca que el número de alumnos que opta por Religión en La Rioja está por encima de la media nacional. «Un dato positivo más aún si al elegir esta asignatura en algunos niveles, como Bachillerato, los alumnos la cursan de forma voluntaria fuera del horario lectivo mientras que los que no la eligen se van a casa».

Sobre la reducción de la carga lectiva a una hora a la semana en La Rioja, Ruiz-Bazán asegura que dificulta que el currículo se pueda impartir de manera adecuada, al margen de las «terribles consecuencias laborales que esto ha supuesto para los profesores de Religión Católica». Un colectivo que «está formado por profesionales con, al menos, la misma titulación académica que el resto de compañeros del nivel que imparten; con la misma implicación en su formación permanente y con la misma profesionalidad que el resto del profesorado del claustro de su centro». Además, acceden a su puesto gracias a un proceso de adjudicación de destino en donde, precisamente, se valora su antigüedad, mérito y capacidad.

La posición respecto a la Religión en las aulas ha sido siempre la misma y no es otra que si esta materia se imparte en los centros educativos debería programarse fuera del horario escolar. Así lo recuerda Esteban García, secretario técnico de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA Rioja).

La reducción de la asignatura de Religión «a la mínima expresión» es, a juicio de Carlos Torres, presidente de la Confederación Católica Riojana de Padres de Familia y Padres de Alumnos, CONCAPA Rioja, «una decisión del Gobierno que utiliza la Educación para imponer sus políticas ideológicas y sectarias, que limitan o incluso eliminan los derechos y libertades de las familias para elegir una educación acorde con nuestras convicciones».

Torres considera que este es un modo de actuar reiterado por parte de la Administración que toma decisiones que no atienden «en absoluto» a lo que demandan y necesitan las familias. Además, la rebaja de la carga lectiva «no solo deja la asignatura como meramente testimonial», sino que «degrada» a los docentes que la imparten.

El presidente de CONCAPA entiende también que la religión católica «no solo está presente en el día a día de miles de familias en España, sino que forma parte del patrimonio histórico y cultural de nuestro país por mucho que algunos de nuestros dirigentes pretendan ignorar».