La revuelta de los interinos sacude la educación riojana

Precariedad es la palabra que más se repite en sus protestas, cuando narran sus propias experiencias en la docencia o las que han tenido sus compañeros. «Hay mucha gente que se tiene que plantear otra vida laboral o trabajar en otras comunidades porque no puede estar indefinidamente en esa situación de precariedad que existe entre los interinos, no tiene un futuro ni una mínima estabilidad», señala Fermín Lobera, maestro de Secundaria en las listas de interinos y uno de los portavoces de la nueva plataforma.

Y es que entre las demandas que ponen sobre la mesa, también hace tiempo defendidas por las organizaciones sindicales, destacan las que afectan a quienes cuentan con horarios más reducidos, por lo tanto, con menores salarios, y que pueden verse destinados a un tercio de jornada. Un profesor interino en esta modalidad trabaja 12 horas semanales y cuenta, por ejemplo, con un salario bruto mensual de 826 en Primaria y 936 en Secundaria (si no existe ninguna antigüedad). Actualmente, todos los llamamientos son obligatorios. En caso de rechazarlos, el docente se ve penalizado en las listas;por lo que la reclamación del movimiento de interinos es la voluntariedad de las jornadas parciales.

«No queremos eliminar los tercios, es un derecho del trabajador que se acoge a una reducción, pero vemos negativo que un interino se vea forzado a asumir esta jornada, es muy poco dinero. Proponemos que los centros puedan ampliar esos tercios a medias jornadas, siempre hay trabajo que hacer –horas complementarias, aulas de convivencia, apoyos...– y que, en todo caso, renunciar a un contrato parcial no te perjudique más allá del año en el que lo rechaces», señala Lobera. Subraya que La Rioja es la única comunidad con tercios obligatorios. En otras, como Asturias, Cataluña, Galicia o Extremadura, no existe esa modalidad, y en el resto, al menos son voluntarias.

Las dificultades aumentan cuando la jornada parcial implica desplazamientos. Es el caso de la logroñesa Noelia Ruiz, profesora de Inglés en Secundaria, que hace dos años estuvo trabajando a un tercio en Santo Domingo de La Calzada, con viaje de ida y vuelta tres días a la semana. El curso pasado también repitió esa parcialidad. «Me tocó de manera obligada, no tenía capacidad ninguna de rechazarlo. En esas condiciones no puedes pagar un alquiler, tener ahorros, limita tu vida social...Lo mínimo debería ser media jornada, al menos un sueldo digno», señala Noelia Ruiz, que recalca la «ansiedad que se genera cuando llegan los llamamientos por si te toca el tercio».

En su caso, Patricia González, maestra de Infantil, rememora cómo el pasado año«cuando salió el llamamiento y vi que me había tocado un tercio, mi vida se tambaleó, sabía lo que suponía económicamente». Recuerda una «incertidumbre total» ya que se trataba de una sustitución por una reducción trimestral que podía ampliarse, y la alegría cuando concluyó y pudo regresar a las listas después de Navidad para optar a otra plaza a jornada completa:«Entonces respiré». «No pueden obligar a la gente a lidiar con ese miedo que provocan los llamamientos, deberían implantar la voluntariedad, hay gente a la que quizá le venga bien estar a un tercio», añade.

Con respecto a este asunto, Luis Manuel Herce Díez, director general de Gestión Educativa, señala que «primamos el servicios educativo en todos los puntos de La Rioja y hay plazas, principalmente fuera de Logroño y de ciertas especialidades, que si no fuesen obligatorias nos costaría mucho cubrir». Pese a ello, avanza que en las mesas de Educación se ha propuesto «una flexibilización y que, al menos en los llamamientos de comienzos de septiembre, estas plazas sean voluntarias y que, incluso, cuenten con algún tipo de recompensa a modo de puntos en las listas de interinos».

Otro de los asuntos en la lista de demandas que más afecta a quienes están a la espera es la ausencia de información sobre algunas características de los puestos a cubrir, por ejemplo, la duración es esa interinidad, que es desconocida.«Entendemos que en algunos casos no puede especificarse, pero sería positivo que en los llamamientos se aportase una duración estimada, por ejemplo si va a ser corta, media o larga, en base a los periodos que se establezcan», comenta el docente Fermín Lobera. Otras comunidades sí que ofrecen más información, como Aragón, Navarra y Castilla y León, que incluyen la causa de la vacante –paternidad, enfermedad, reducción...– y una fecha de fin prevista.

Sobre este asunto, el director general habla de la «dificultad de ser precisos» por las características de algunas de estas bajas, si bien «nos hemos comprometido a mirarlo y ya tenemos un boceto para presentar en la próxima mesa sectorial de manera en que podamos ofrecer más información en los llamamientos, al menos una orientación».

Las movilizaciones del personal interino de educación también inciden en otros asuntos, como la petición de la permanencia en listas sin necesidad de presentarse al proceso selectivo de oposición o el cobro del salario del verano si se ha trabajado durante cinco meses, sea de manera consecutiva o intermitente. Demandan también que la incorporación a las aulas se realice antes de que lo hagan los alumnos en llamamientos como los de principio de curso. «Al ser al mismo tiempo imposibilita una planificación o tener al menos un día para conocer el centro y al futuro alumnado», indica la maestra Noelia Ruiz. A este respecto, Luis Manuel Herce defiende que «los centros cotejan sus necesidades imprevistas desde el 1 de septiembre y las envían a la Consejería, que las analiza y gestiona en muy poco tiempo. Si lo aceleramos más corremos el riesgo de cometer errores».

«Creemos que todas estas reivindicaciones mejorarían no solamente la carrera de los interinos, también la calidad educativa», concluye Fermín Lobera, mientras que Noelia Ruiz subraya igualmente que «nuestra inestabilidad termina afectando al alumnado». «Espero que todo esto sirva para algo y que se utilice el sentido común», añade Patricia González.

Son asuntos que afectan a una buena parte del profesorado de los centros públicos. Un 25% del total de sus docentes son interinos, según la consejería de Educación, en base a «los de curso completo o vacante, que se asignan a inicio de curso. Después es todo muy vivo y variable». Las organizaciones sindicales realizan algunas estimaciones superiores. Y es que la interinidad endémica en la Administración Pública parece agravarse en educación.

Una de las claves para entender estos altos índices, que han llevado a la problemática actual, es la tasa de reposición en el funcionariado. Este baremo, fijado en los Presupuestos Generales del Estado, establece cuántas plazas de oposición pueden convocarse para sustituir a aquellos funcionarios que han dejado el sistema, principalmente por jubilación. Entre los años 2012 y 2014, esta tasa solo fue del 10% –por cada diez funcionarios jubilados solo entraba uno–, y tras pasar al 50% en 2015, no se recuperó el 100% hasta 2018. Esta situación generó un gran número de plazas sin cubrir por personal fijo.

Pasada la pandemia, la tasa de reposición en la enseñanza se ha elevado al 120%, aunque sigue siendo un baremo que muchos consideran insuficiente y el Ministerio de Función Pública ha llegado a manifestar su intención de suprimirla. Pero todavía sigue. «Estamos atados a la tasa de reposición, por muchas medidas que tomemos para estabilizar plantilla, no podemos hacer más hasta que eso se flexibilice», señala Luis Manuel Herce Díez, director general de Gestión Educativa, que pide que «sean las comunidades las que decidan sacar las plazas que consideren».

A ese cuello de botella creado en los años posteriores a la crisis se unen las mayores necesidades de la enseñanza derivadas principalmente de la apuesta por la atención a la diversidad, la reducción de horas lectivas y la creación de nuevas formaciones. La educación pública riojana ha ganado un millar de docentes en cinco años: de 3.715 en el curso 2019/20 a 4.717en el 2024/25. La interinidad ha soportado en buena medida ese incremento.