La 'ley mordaza' cumple una década con más de 36.000 sanciones en La Rioja

Pese a la promesa de Pedro Sánchez tras la moción de censura («vamos a avanzar en derechos derogando la 'ley mordaza' porque ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión», decía entonces y ha repetido en varias ocasiones posteriores), la lógica de las mayorías parlamentarias y los desacuerdos entre los socios del PSOE han provocado que le Ley 4/2015 siga en vigor. Y que las infracciones por su incumplimiento repunten.

En 2023 (el último con estadísticas del Ministerio de Interior actualizadas) fueron 4.505 las sanciones impuestas en La Rioja, entre las que destacan 3.329 por el incumplimiento del artículo 36.16, el que castiga el consumo de drogas en la vía pública; a las que siguen las infracciones por portar armas prohibidas (363); falta de respeto a la autoridad (362); desobediencia o resistencia a los agentes (318) y desórdenes (73).

Con esas más de 4.500 intervenciones, desde 2015 y hasta 2023 en la comunidad las infracciones ascienden a 36.436, que han supuesto para las arcas del estado más de 20,9 millones (de los que 2,65 corresponden a 2023). Cabe recordar que fue durante la pandemia cuando más se 'tiró' de la ley para sancionar (7.600 se registraron en 2020).

Más allá de los datos, en esta década lo que ha marcado la aplicación de la conocida popularmente como 'ley mordaza' es la polémica, con partidos (algunos socios del PSOE exigiendo esa derogación o incluso, como hizo Sumar el pasado año anunciando una retirada que no llegó), oenegés y activistas en contra y otros partidos y asociaciones y sindicatos profesionales a favor.

En este sentido, desde AUGC La Rioja, su secretario general Eduardo Mateo insiste en que es necesario «reforzar la defensa de los agentes» porque «eso supone más seguridad para el cuerpo y para los ciudadanos» y aboga por «endurecer el Código Penal en el caso de agresiones a las fuerzas de seguridad». «Estamos indefensos por muchas causas, pero hay dos que destacan: no estamos autorizados a llevar cámaras en nuestras actuaciones pero a nosotros nos pueden grabar y manipular luego los vídeos», recalca.

«Es la única herramienta que tenemos para ayudar al ciudadanos y proteger su seguridad y la nuestra. Hay que dar una vuelta a la ley, pero no para derogarla como pide gente que desconoce la realidad, sino para endurecer aspectos como las faltas de respeto o la tenencia de armas», remacha César Heredero, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP). «Sin la Ley de Seguridad Ciudadana esto sería la ley de la selva», añade pidiendo que «los temas de seguridad ciudadana se los dejen a los profesionales y que no se mezclen cuestiones ideológicas».

Sin embargo, desde el sector social las opiniones son totalmente diferentes. René Larumbe, presidente de la Coordinadora de ONG de Desarrollo, explica que «no solo es una ley represiva, sino también racista y clasista». «La seguridad ciudadana no se puede garantizar persiguiendo a las personas más vulnerables, casi siempre racializadas, y violando sus derechos», analiza. «Esta ley no favorece el disfrute de los derechos», alega antes de recordar que «con la actual situación no parece que su derogación sea una prioridad».

Por parte de Amnistía Internacional, una de las organizaciones más beligerenates contra la ley, Gregorio Martín recuerda que el germen de la ley fue «reprimir las movilizaciones políticas y sociales tras la crisis económica». «Su objetivo era señalar activistas, marcando a sus líderes y haciendo un aviso a navegantes», analiza. Martín recuerda esa promesa de Sánchez para concluir:«El tiempo y la paciencia se ha acabado. La única salida digna que le queda al Gobierno es cumplir o, si no, acabar con el Gobierno».