«Los tres tenían la voluntad y los tres decidieron matar a Djafer»

Los tres acusados tuvieron su papel en el crimen de Viniegra de Arriba. «Todos tenían la voluntad y tomaron la decisión de matar a Djafer Bechkat», de 45 años y nacionalidad argelina. Esta es la conclusión a la que llegó la Guardia Civil tras meses de pesquisas y que este jueves detalló en la primera jornada de juicio el capitán de la unidad de policía judicial responsable de la investigación. Antes, tanto las acusaciones como las defensas han marcado cuáles serán sus posiciones a lo largo de las ocho jornadas de vista oral. La de la Fiscalía y la de la acusación particular, que representa al hijo de la víctima, coinciden en apuntar a los tres acusados como autores de un asesinato ideado y consumado. Las defensas niegan tajantemente su participación en los hechos.

De las muestras biológicas, de la geolocalización de los móviles y de los mensajes y audios que pudieron recuperar de las SIM de los teléfonos después de que los acusados borraran buena parte de su contenido, el capitán ha detallado cronológicamente unos hechos que tenían como móvil zanjar una deuda de unos 13.600 euros que J.A.G. había contraído con la víctima.

El crimen, a su juicio, se gestó el 24 de julio de 2022. Ese día, J.A.G, (48 años) y su novia J.S.A. (47) quedaron con I.Z. (42 años) en Viniegra de Arriba, el pueblo de donde descendía este último. Allí se les geolocalizó ese día y allí J.A.G, les mostró un audio en el que Djafer le exigía el pago de la deuda. En ese instante empezaron a urdir cómo ejecutar su plan y cómo hacer desaparecer el cuerpo de la víctima en una sima en un recóndito paraje del municipio del alto Najerilla

Los días siguientes hubo varios contactos entre los acusados, que este jueves solicitaron declarar en último lugar después de escuchar todas las declaraciones y pruebas. En alguno de los que mantuvo I.Z., alias 'El Pateras' con J.S.A., el vecino de Viniegra mostraba su desacuerdo sobre la forma de matar a Beckhat, incluso llegó a sugerir el uso de una «motosierra o gasoil». El día 8 de agosto J.A.G. llamó a Djafer para citarse al día siguiente bajo el engaño de que iban a saldar la deuda con el dinero que les proporcionaría un familiar de I.Z., descendiente de este pueblo de las 7 Villas. A la mañana del día siguiente, los acusados dieron una vuelta por la zona donde tenían previsto deshacerse del argelino una vez le hubieran dado muerte. Ya por la tarde, sobre las 21.00 horas, J.A.G. contactó de nuevo con Djafer para recogerle en un vehículo que no era el que usaban habitualmente. En el turismo, en el que también viajaba J.S.A., se dirigieron al desvío de la N-111, en Villoslada de Cameros, donde les esperaba I.Z..

Una vez en el cruce, «usaron una pistola por la espalda, le dispararon en la nuca y la víctima se desplomó pero no murió». Para intentar rematarle utilizaron una piedra que había en el lugar, lo que llaman un «instrumento de oportunidad», ha explicado el responsable de la investigación. Mientras tanto, J.S.A. vigilaba desde el coche. «Los golpes fueron de gravedad, pero saber que habían terminado de hacer lo que se habían propuesto les dio tranquilidad».

A partir de ahí, metieron el cadáver en la furgoneta de I.Z., hicieron una primera parada para «rebajar pulsaciones» en una zona del pueblo y allí le terminaron de envolver la cabeza con unos plásticos que cerraron con unas abrazaderas. Esa misma jornada se dirigieron a la sima, pero al ser noche cerrada y ser una zona peligrosa, abortaron sus planes. Finalmente dejaron el cuerpo de Djafer en una furgoneta aparcada en el garaje de un familiar de I.Z., que en ese momento se encontraba de vacaciones. Esa noche J.A.G y J.S.A. regresaron a Alberite, donde residían, y al día siguiente hicieron un nuevo intento de arrojar el cuerpo a la torca de Hoyo Mingo, que también abortan. Entre tanto, I.Z. les apremiaba porque él solo no podía hacerlo y el familiar dueño del garaje regresaba al pueblo al día siguiente. El 11 de agosto finalmente consumaron un plan que no acabó como ellos querían por la presencia «providencial» de un agente forestal que vio cómo los acusados J.A.G y J.S.A arrojaban lo que parecía un cuerpo a la sima. La acusada se quedó vigilando en un vehículo.

De acuerdo con la versión de este testigo, el agente se cruzó con ellos por el camino, les identificó y se dirigió a la sima para comprobar que sus sospechas eran fundadas: habían arrojado el cadáver de una persona. Dio la voz de alarma y la operación acabó con la detención ese mismo día de los acusados. «Si el agente no lo hubiera visto, ahora estaríamos hablando de una desaparición».

Joaquín Purón, abogado de J.S.A. se ha mostrado disconforme con el relato de las acusaciones. En su escrito detalla que J.S.A. mantuvo una relación sentimental con el acusado J.A.G con quien convivía en Alberite, pero el noviazgo acabó a finales de 2022 cuando él ya estaba en prisión.

Ha negado que su entonces pareja le pidiera ayuda para acabar con la vida de Djafer. En la tarde del 9 de agosto, de acuerdo con su versión, fueron a recoger de la víctima para ir a Viniegra porque la idea era saldar la deuda que su novio tenía con él. Al parecer, la madre de I.Z. les iba prestar algo de dinero. El trayecto transcurrió con normalidad y al llegar al cruce de la N-111 en Villoslada de Cameros, ella se quedó en el interior del vehículo porque no tenía que intervenir en las conversaciones y «de forma sorpresiva a inesperada I.Z. disparó en la nuca a Djafer cayendo desplomado». Ella estaba «presa de un ataque de nervios e ignoraba que I.Z. llevaba un arma y que iba a matarle».

Luego se dirigieron a Viniegra, en un primer momento tenían intención de arrojar esa noche el cuerpo a la sima pero había poca visibilidad, así que fueron a una finca donde esconder el cuerpo. En ese instante I.Z. «al observar que tenía signos de vida, golpeó a Djafer con una piedra y le envolvió la cabeza con una bolsa de plástico que ató al cuello con unas bridas que tenía en el local». Por último, ha negado que participara ni en la toma de decisión ni en la ejecución de Djafer.

El letrado ha recalcado que la deuda no era de su clienta, sino de su pareja y puso el foco en que la acusación se basa en unos audios y en el hecho de que J.S.A. viajara en el coche con los dos acusados dos días críticos, el día 9, cuando supuestamente mataron a Djafer en el cruce de la N-111, en Villoslada de Cameros, y el día 11, cuando arrojaron el cadáver en la sima.

La defensa de J.A.G., María Gómez Franch, ha negado que existiera un plan previo y que, por tanto, este acusado supiera que I.Z. le iba a disparar. A su juicio, no hay ninguna prueba de que participara, «más allá de que estuvo allí el día que se deshicieron del cadáver». En ese momento sí que participó, pero según su relato, lo hizo porque I.Z. le amenazaba.

Por último, Sergio Ruiz Perrella, abogado de I.Z. ha descrito a su cliente como una víctima que desde su adolescencia ha estado consumiendo todo tipo de drogas y era J.A.G. quien se las suministraba. «Su papel en el crimen fue el del tonto útil. El único error que cometió fue arrojar el cuerpo a la sima». Los tres acusados, ha dicho, se movían en un mundo de tráfico de drogas, incluso el fallecido. «Era un tipo peligroso, pertenecía a una de las redes de tráfico más peligrosas de la región» y «era J.A.G. quien le movía la droga» y era a él a quien más le interesaba hacer desaparecer a Djafer.

El juicio continuará este viernes con la declaración, entre otros, del agente forestal que observó a los acusados arrojando el cuerpo de Djafer a la torca de Hoyo Mingo

Los acusados I.Z.. y a J.S.A. se enfrentan a los delitos de asesinato por el que reclama un pena de 24 años de prisión, y tenencia ilícita de armas, por el que pide un año y seis meses más de cárcel; y a J.G., además de asesinato y tenencia ilícita de armas le considera autor de un delito contra la seguridad vial por conducir sin puntos en el carné. Por este último solicita que cumpla medio año más de encierro. Por último, el fiscal pide que paguen una indemnización de 200.000 euros al hijo menor de la víctima, que en el momento de los hechos se encontraba bajo la tutela de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y 60.000 euros a cada uno de los progenitores.

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