Javier Marca

Presidente del TSJR

«Muchas mujeres no querían denunciar porque temían romper la familia»

Muchas mujeres, explica, no se atrevían a denunciar porque por lo general estos delitos se cometían en el ámbito de la intimidad familiar y, por tanto, «temían romper la familia» e incluso perder a quien sustentaba económicamente el hogar. Al componente familiar y económico se sumaba la exposición de la víctima a la sociedad. Les inquietaba, detalla Marca, ser señaladas porque existía la falsa creencia de que «si estás separado o divorciado es porque ha fracasado su matrimonio».

La constatación de esa cifra negra de criminalidad impulsó los esfuerzos legislativos, de servicios sociales y de formación de los operadores jurídicos para tratar de extirpar una lacra a la que se empezaba a poner cara y nombre: violencia machista.

Han transcurrido veinte años desde la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer en toda España y la justicia sigue topándose con uno de sus mayores handicaps, la renuncia de las maltratadas a continuar el procedimiento hasta el final. Una cifra «todavía importante» que, en palabras del máximo responsable de los jueces en La Rioja, «no nos tiene que llevar a demonizar el hecho de que una víctima, en un determinado momento, quiera renunciar al proceso» porque «la mayoría de los delitos de los que estamos hablando son delitos de persecución pública, de tal manera que la renuncia de la víctima no supone el archivo del procedimiento, sino que sigue de oficio».

«¿Que hay renuncias? Sí, pero es que tampoco podemos obligar a la víctima a que mantenga una posición inmovilista». Si es porque el autor la ha presionado, la ha amenazado o la ha condicionado para retirar esa denuncia, «eso sí que hay que perseguirlo, pero si es por su propia voluntad, porque ella ha valorado que ahora no le conviene por 'x' razón, hay que respetar a nuestras víctimas que son mayores de edad».

Más allá de la motivación que lleva a cada mujer a mantener o no el proceso hasta el final, lo cierto es que cada año se detecta un «ligero» incremento de víctimas de violencia de género, no sólo en La Rioja, sino en toda España. Sin un estudio que explique las razones últimas del aumento, si éste obedece a que se denuncia más o a que lamentablemente hay más casos, «lo que sí sabemos es que, por datos numéricos, eso se está produciendo». No obstante, la tasa riojana de víctimas, 52 por cada 10.000 mujeres, está por debajo de la media del país, donde 74 mujeres de cada 10.000 sufren las agresiones de sus parejas.

Al igual que en el resto de delitos, las redes sociales juegan un papel en ocasiones nocivo cuando se trata de violencia machista. La facilidad de la comisión del delito obliga a desarrollar unos medios más eficaces desde los ámbitos policial y judicial, aunque «los mecanismos de represión del delito siempre van por detrás de los delincuentes». Ejemplo de ello es el caso de Olvido Hormigos, la concejal del pueblo toledano de los Yébenes que se hizo conocida a raíz de la difusión no consentida de un vídeo íntimo suyo en internet en 2012 por parte de su expareja. Tras aquel episodio, explica Marca, se creó un artículo específico sobre la difusión no consentida de imágenes íntimas de alguien.

En esta batalla contra la violencia de género que se libra en los juzgados, el presidente del TSJRcree necesario desterrar por «rotundamente falsas» las manifestaciones vertidas por ciertos colectivos que acusaban de violencia institucional contra las mujeres a los juzgados y tribunales de La Rioja. Unas críticas que estos colectivos dirigen al que califican de «trato inadecuado» a las víctimas en el Palacio de Justicia, a la «inadmisión» de pruebas y a la «falta de formación por parte de los operadores jurídicos».

Respecto de la formación, el máximo responsable de los jueces de esta comunidad defiende que la formación de los jueces españoles en materia de violencia de género no sólo «es la envidia de las escuelas judiciales españolas», sino que se ha vendido a las escuelas judiciales de Lisboa, Burdeos, Rumanía y a los países del Este. En cuanto al trato, Marca reconoce que, como en todos los supuestos, puede haber disfunciones en un momento determinado, y «para eso estamos, para corregirlos en el caso de que eso ocurra». Pero existe un servicio de atención a la víctima del delito con asistencia psicológica, una cámara Gesell para preconstituir la prueba, salas de espera independientes, itinerarios de acceso para evitar el encuentro... «Creo que puede haber errores y disfunciones, pero decir que se maltrata a la víctima es un auténtico exceso que no tiene ninguna relación con la realidad», apunta.

Y, por último, sobre la supuesta inadmisión de pruebas, explica que ante estas decisiones cabe recurso en la Audiencia Provincial con tres magistrados que dirán si está bien o no lo que ha hecho la jueza. No obstante, «lo importante no es si han admitido la prueba, sino la resolución». En 2024 se concedieron el 72% de las órdenes de protección frente al 66% de la media nacional, se dictaron 202 sentencias condenatorias y cinco absoluciones, es decir, «se ha condenado al 97,6% de los acusados ¿Para qué queríamos más pruebas? ¿Vamos a intentar llegar al 100% de condenados? El 100% de condenados da la sensación de que no es justicia porque si todos los que son acusados son condenados, dónde está la justicia».