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La Fiscalía archiva la denuncia contra Serise Sexología

La Justicia no ve indicios de delito en la actuación de las psicólogas, mientras avanzan las acciones legales contra los entes de ultraderecha tras el fallido acto de conciliación

Jueves, 20 de febrero 2020, 19:30

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La embestida legal de colectivos de ultraderecha contra la impartición de clases de sexología y diversidad en las aulas riojanas se diluye. Tras el archivo a finales de enero de sendas querellas presentadas por 'Los niños son intocables' contra el colegio público El Arco y la directora del Vicente Ochoa de Logroño, Luisa Bárcenas, la asociación que encabeza Salvador Martí ha recibido un nuevo varapalo ante la Justicia. Según ha podido confirmar Diario LA RIOJA, la Fiscalía ha descartado indicios de delito en la información trasladada el pasado noviembre respecto a la actividad que desarrolla la empresa Serise Sexología.

No es el único frente en relación a una polémica que llevó incluso a la presidenta regional, Concha Andreu, a verbalizar su apoyo a la comunidad educativa riojana, las familias y el conjunto de los profesionales. Con antelación a la denuncia formulada contra las dos psicólogas de Serise Sexología, Bárbara Sáenz y Ruth Arriero, ambas emprendieron acciones legales contra el entramado que ha venido cargando contra su actuación y también reclamaba facilitar el 'pin parental': Hazte Oír, Polonia Castellanos en calidad de presidenta de Abogados Cristianos, el sacerdote Pedro Trevijano y el propio Salvador Martí. Ayer se celebró el obligado acto de conciliación previo entre las partes por las acusaciones de injurias y calumnias que concluyó sin acuerdo. Una circunstancia que abre la puerta a que el proceso continúe por la vía penal en la cual, previsiblemente, se sumarán otro tipo de delitos contra sus detractores.

El revés ante la Justicia de la campaña liderada por 'Los niños son intocables' se suma a los que ya recibió el pasado mes. El primero llegó después de que Ministerio Público desestimara que los vídeos expuestos en El Arco supusieran un delito cometido por funcionarios públicos contra otros derechos individuales. El segundo, contra la directora del Vicente Ochoa, tampoco prosperó porque la entidad de Martí no presentó la fianza requerida como acusación particular.

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