El exalcalde de Viguera, condenado a siete años de inhabilitación

Tras el juicio celebrado los pasados días 31 de mayo y 1 de junio en la Audiencia Provincial tras la denuncia presentada por el siguiente alcalde de Viguera, Aitor Santibáñez, Francisco Jalón ha sido condenado, por prevaricación administrativa, a la pena mínima de 7 años de inhabilitación y el pago de la undécima parte de las costas procesales. Y ello por la contratación como socorristas para las piscinas municipales de la hija de un concejal de su mismo partido y de la hermana del asesor legal del Ayuntamiento «sin que hubiera licitación ni expediente administrativo alguno», abonándose a cada una 3.030,48 euros.

El exalcalde declaró que las trabajadoras ya habían sido contratadas anteriormente y, aunque ha sido absuelto de la acusación de malversación, porque «no sustrajo cantidad alguna» y las contratadas prestaron los servicios pactados, se ha probado «un acto arbitrario» y que «se incumplió la tramitación establecida».

Sin embargo, por la contratación de su hija para la limpieza del Consistorio, por la que se solicitaba la inhabilitación durante 11 años, en el procedimiento judicial se ha valorado que la oferta fue la más ventajosa, tal y como defendió siempre el exalcalde, y por lo que ha sido absuelto.

Por la adjudicación directa a su propia empresa Patrimonios Virgen del Rosario, «sin ningún tipo de procedimiento y contra las advertencias de la secretaria municipal», para obras por valor de 3.404,2 euros, se pidieron 18 meses de prisión, 3 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros y de una indemnización de 3.404,20 euros. Jalón justificó una situación «de absoluta emergencia» ante un peligro de desplome de unas viviendas y, de hecho, ha sido absuelto al entenderse que «las cantidades cobradas por los trabajos ejecutados no fueron excesivas ni estos fueron mal ejecutados».

Por la firma de un convenio urbanístico con dos particulares «sin seguir tramitación alguna y abonando 370 euros en concepto de IBI», a fin de habilitar un aparcamiento público en terreno privado, se pedían 18 meses de prisión, 3 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros y de una indemnización de 370 euros. Jalón aclaró que el abono de la cantidad correspondía a la devolución del IBI y en el procedimiento se ha valorado que el convenio «no se llegó a ejecutar, salvo por el pago de 370 euros a los propietarios», por lo que el exalcalde de Viguera también ha sido absuelto.

Por las resoluciones de Alcaldía que declaraban la innecesariedad de licencia para parcelar un terreno de su propiedad, por la que se pedían 2 años y 9 meses de cárcel y 7.200 euros de multa, Jalón también ha sido absuelto.

Finalmente, por expedientar, expulsar y denunciar a la secretaria municipal se pedían otros 11 años de inhabilitación y una indemnización al Ayuntamiento por los intereses abonados debido al impago de los salarios a la secretaria, ha sido igualmente absuelto puesto que, aunque se considera que «el encausado dictó resoluciones injustas y siguió una tramitación ilegal en los expedientes disciplinarios», pero «no lo hizo a sabiendas» sino guiado por el asesor.

1. Condenado por prevaricación al contratar a dos socorristas sin tramitación y absuelto de malversación.

2. Absuelto por la contratación de su hija en el Ayuntamiento.

3. Absuelto por la adjudicación de unas obras a su propia empresa.

4. Absuelto por la firma de un convenio urbanístico con particulares.

5. Absuelto por expedientar, expulsar y denunciar a la secretaria.

6. Absuelto por declarar la innecesariedad de licencia para parcelar un terreno de su propiedad.