Esther Raya

Profesora de la Universidad de La Rioja

«El aumento de denuncias nos hace ver que existe más confianza en el sistema»

Ambos datos sí que resultan coincidentes en un sentido: la prevalencia de la violencia de género entre una población en demasiadas ocasiones más vulnerable es superior a la que azota al colectivo nacional.

Esa constatación estadística conlleva obligatoriamente una serie de preguntas. La principal: ¿por qué? Y aquí las causas resultan tan variadas como casi inabarcables. «La violencia machista se encuentra en todos los grupos y niveles sociales, pero la precariedad genera más riesgos y buena parte de la población migrante se encuentra en situación de especial vulnerabilidad», reconoce Esther Raya, profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UR y miembro del 'Laboratorio de investigación de las violencias machistas desde el Trabajo Social'.

En primer lugar, Raya recuerda la importancia de «tener en cuenta la cultura de origen y la de llegada». «El choque es grande y en ocasiones se encuentran en situación de sumisión, con miedos y muchas barreras». Esas diferencias incluyen también la denominada violencia simbólica. «Existe una influencia que no se ve pero que pesa mucho. Son mecanismos de control y poder invisibles: la familia, la cultura del país de origen, tradiciones...», recalca. «Es importante desenmarañar esas redes imperceptibles pero sólidas para acompañar sin juzgar y que la sociedad de acogida entienda esta situación», abunda la profesora de la UR.

Esa dicotomía cultural, esa resistencia («en muchos casos la violencia está instalada en su contexto social y el nivel de tolerancia hacia esta es muy alta», recuerda Raya) y esos hándicaps no impiden que cada vez más mujeres inmigrantes denuncien sus casos. «Ese aumento de denuncias nos hace ver que cada vez existe más confianza en el sistema», explica.

Sin embargo, afrontar el paso teóricamente más difícil, el de la denuncia de la violencia, no resulta tal. «En ese punto empieza otro camino. Y en ese camino es donde se debe dar seguridad a cada mujer, tanto nacionales como migrantes, porque les dicen que hay salida pero ellas no saben dónde está. Denunciar conlleva consecuencias con la familia, con los hijos, económicas, sociales, residenciales...», desgrana.

No siempre la víctima se siente amparada. «Echamos en falta más trabajo social en violencia de género y un acompañamiento hasta que puedan valerse de nuevo. El camino previo es poner nombre a lo que le sucede; después llega la denuncia, la sentencia o la ruptura; y posteriormente es el momento de acompañar. Ahí se necesitan recursos económicos, vivienda, medidas de conciliación familiar... Y un trabajo directo con ellas», comenta la profesora de la UR. Evidentemente eso implica una inversión. «Tenemos que decidir qué modelo de sociedad queremos. Si buscamos una sociedad con más garantías, más social... es necesario apostar por los servicios», analiza.

Pero hay más pasos que dar. No basta con una actitud paternalista o condescendiente con las mujeres maltratadas. La clave, según Raya, es el trabajo conjunto que pasa por «escuchar sin condicionamientos». «No se debe imponer una forma de hacer, sino entender y compartir. Cuanto más vulnerable es una mujer, es más fácil que esté sometida a un posible abuso», argumenta Raya.