Los deberes de Alberto Garzón
Nuestro bolsillo ·
Las organizaciones saludan la llegada de un Ministerio de Consumo, pero ponen deberes al ministro riojano
Sí, pero veremos. Así saludan las principales organizaciones de consumidores de España la creación de un ministerio específico del ramo, el que tendrá en sus ... manos el riojano Alberto Garzón. Es una buena noticia, vienen a decir, que el gobierno eleve al primer rango esta materia, pero habrá que esperar y ver. Porque son muchos los deberes pendientes en un tema que tradicionalmente ha sido una especie de hermana pequeña de las políticas públicas.
Así lo entiende por ejemplo Facua, que saludaba esta semana la llegada de Garzón con esperanza, esperando que con él renazcan «las políticas protección de los derechos de los consumidores y lucha contra el fraude, que llevan décadas prácticamente inertes».
Y la otra gran organización de consumidores españoles, la OCU, coincide en que de no mediar una «profunda reforma» de las competencias en esta materia, la elevación al rango ministerial de Consumo será «una medida puramente estética y sin efectos reales».
Facua y OCU piden que el Ministerio de Garzón asuma facultades sancionadoras
Las organizaciones proponen que autonomías y gobierno compartan competencias
Para las dos hay una preocupación común: si Consumo vigila y se conforma con eso, la defensa del consumidor estará siempre coja. Las infracciones en materia de consumo son todas iguales: nacen porque una o varias empresas encuentran suculento el beneficio que se produce por un ahorro de costes, aunque lesionen los derechos (y a veces la salud) de los consumidores. Para Facua, no estamos precisamente asistiendo a una mejora de la situación, sino a una «avalancha de fraudes masivos». Y eso solo se cortaría con dos actuaciones por parte del departamento de Garzón. La primera, que se reforme la Ley de Defensa del Consumidor para que el Ministerio tenga competencias sancionadoras propias. «Para luchar contra los fraudes masivos, es necesario que el ministerio competente tenga la capacidad de imponer multas disuasorias», dice Facua. Y esas sanciones deben ser más duras, dice la OCU, para que impidan «que a las empresas les salga mas barato pagar la multa que cumplir la normativa».
Además, haría falta que Consumo tome la iniciativa de un modo que tiene abandonado hace años: acudir también a los tribunales para denunciar a las empresas que siguen incurriendo en abusos «tras ser emplazadas en ello». «Se trata de acciones judiciales inéditas desde hace décadas y que solo están emprendiendo asociaciones», dice Facua.
En el fondo de la cuestión subyace un problema de competencias, que en este caso corren a favor de los grandes fraudes. Y es que las competencias sancionadoras en materia de consumo las tienen las comunidades autónomas, así que un gran fraude que afecte a toda España habría de ser sancionado diecisiete veces. Facua, por ejemplo, plantea «que las competencias pasen a ser compartidas, de manera que cuando un fraude afecte a consumidores de varias comunidades pueda ser el ministerio el que emprenda las actuaciones sancionadoras».
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