La dana castiga el Levante con muerte y destrucción

En el Levante español y en general en España dana ya no son las siglas que definen un fenómeno atmosférico de presencia de aire frío en niveles altos. El término ha perdido la frialdad propia de su enunciado científico y ha pasado a engrosar el lenguaje común para definir algo equivalente a un demonio meteorológico, una diosa apocalíptica o un Leviatán capaz de arrasarlo todo. Es así desde el pasado 29 de octubre, cuando la palabra quedó indisolublemente unida a los sucesos acontecidos en las provincias de Almería, Albacete y Valencia, especialmente en esta última. Ese día, el cielo se resquebrajó y soltó lo más parecido a un diluvio que han visto en las comarcas donde se ha sufrido el fenómeno en toda su intensidad. Los pluviómetros registraron hasta 700 litros por metro cuadrado en una hora en la sierra valenciana y cauces acostumbrados a estar secos, como el del Poyo, acumularon un caudal de hasta 2.300 metros cúbicos por segundo (el Ebro lleva una media de en torno a 100 metros cúbicos por segundo en Logroño). Cifras que no se han visto nunca desde que existen registros y que han provocado una de las mayores catástrofes naturales que ha sufrido España en su historia.

El tsunami fluvial desatado aquel día arrasó localidades enteras como Letur, en Albacete, pero se cebó de forma especialmente intensa con los núcleos de la periferia sur de Valencia situados en torno a los barrancos del Poyo, de la Saleta y Picasent. Se trata de una zona altamente urbanizada cuyas construcciones contribuyeron también a crear un efecto embudo que agravó el desastre. Paiporta, Aldaia, Picanya, Benetusser, Alfafar, Catarroja, Masanasa, Chiva, L'Alcudia, Algemesí... fueron algunas de las localidades más azotadas por las inmensas lenguas de agua y lodo que descendieron desde la montaña valenciana y penetraron en sus calles para sumergirlas en una pesadilla gigantesca. Al día después empezaron a registrarse los muertos en un macabro conteo que siguió durante semanas y que hasta el 4 de enero había contabilizado 232 fallecidos (224 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía). Todavía hoy quedan por aparecer dos personas.

Además de cádaveres en calles, tiendas y garajes, la embestida dejó para la chatarra 120.000 vehículos, destruyó cientos de negocios y viviendas y arrasó carreteras y vías de ferrocarril dejando un rastro de destrucción sin precedentes en la comarca levantina. Las imágenes de la catástrofe, con centenares de coches desvencijados y amontonados, con las calles teñidas de rojo por el barro y repletas de enseres inservibles, dieron la vuelta al mundo y no tardaron en levantar otra ola, esta de vez de solidaridad, nutrida de miles de personas, muchas de ellas jóvenes, que acudieron para arrimar el hombro en las labores de rescate, recuperación y limpieza de la zona.

Tanta ayuda y colaboración fueron el contrapunto a un desastre que generó también una avalancha de indignación popular hacia los políticos por su gestión de la crisis. En primer lugar, hacia el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Pese a estar declarada desde la madrugada la alerta roja por la Aemet ante el riesgo de lluvias torrenciales, Mazón no cogió las riendas de la crisis hasta bien avanzada la tarde, cuando el agua hacía ya estragos en muchas localidades. El mandatario valenciano se encontraba comiendo en un restaurante con una periodista. La cita se prolongó y hasta las 19.30 horas no se incorporó al comité de crisis (Cecopi). La Generalitat envió el primer avisó general a todos los móviles de la población valenciana a las 20.11 horas. Para entonces, la riada tenía atrapados ya a muchos conductores y ciudadanos de la periferia sur de Valencia. No fueron las únicas críticas de un episodio que despertó también quejas hacia el Gobierno central por su tardanza en enviar efectivos de la UME y otros cuerpos de emergencias a las zonas afectadas. La rabia de los damnificados quedó también plasmada en impactantes imágenes de vecinos abucheando y tirando barro a Pedro Sánchez, Carlos Mazón y los Reyes durante su visita a la zona cero del desastre cuatro días después de la riada. Los ánimos estaban ya más apaciguados el 10 de diciembre, cuando la catedral de Valencia acogió un funeral por las víctimas con presencia también de los monarcas y representantes de todo el arco político.

Los partidos se apearon por unos momentos de la bronca partidista en torno a un asunto en el que no se dirimieron más responsabilidades que la de la consejera de Interior, Salomé Pradas, cesada por Mazón el 21 de noviembre por su mala gestión de la crisis.

El presidente, cuya dimisión solicitaron miles de valencianos en tres manifestaciones, se negó a abandonar su cargo y fió su futuro político al resultado de la reconstrucción de los municipios afectados. Una labor que tardará en completarse ante la magnitud de unos daños que mostraron la virulencia que puede alcanzar el cambio climático.

Otro fenómeno de especial crudeza que encaró España el pasado año fue el de la inmigración y su derivada de la gestión de los menores que llegan a nuestro país sin acompañamiento. La entrada irregular de extranjeros no batió el récord en 2024, pero se ha quedado cerca. A territorio español llegaron 63.970 inmigrantes el año pasado, un 12,5% más que en 2023, con la novedad de que la ruta canaria se convirtió en la más concurrida. A pesar de estar considerada como una de las más peligrosas del mundo, fueron 46.843 personas las que eligieron esta vía oceánica. Perecieron en ella, intentando llegar a Canarias, 9.757 personas, según la ONG Caminando Fronteras.

La marea humana sobrecargó Canarias también con menores inmigrantes, unos 5.800 en total, cuyo reparto generó no pocos enfrentamientos entre el Gobierno central, las comunidades y los partidos políticos, incapaces de llegar a un acuerdo para su distribución.