La concertada exige responsabilidades a Andreu por los «ataques» del Gobierno
La Plataforma por la Libertad de Enseñanza, tras las últimas sentencias que les dan la razón, exigen a la jefa del Ejecutivo que pida perdón
LA RIOJA
Logroño
Jueves, 20 de abril 2023, 17:10
La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja exige a la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, «responsabilidades» así como que les ofrezca unas «disculpas» por «los ataques de su Gobierno a la educación concertada que la Justicia ha debido revocar».
En una nota de prensa, el colectivo celebra que las ocho demandas presentadas ante la Justicia durante la legislatura han sido resueltas favorablemente. Demuestran que «las medidas de la Consejería eran estrictamente políticas, ideológicas y no se ajustaban a derecho», apuntan.
A su juicio, han sido cuatro años de «desgobierno en los que han conculcado, sin ningún pudor, derechos fundamentales de los ciudadanos riojanos», afirma Ana Isabel Preciado, portavoz de este colectivo.
Desde esta organización destacan que el TSJ recoge lo dicho por el Supremo y que «ya sabían quienes se negaron a dialogar»: «Como señala el Tribunal, el alumnado de la red concertada ha de estar en igualdad de condiciones que el alumnado de la red pública; no se pueden imponer cargas más gravosas a los centros concertados que a los públicos; y los intentos de incrementar plazas en los centros de una red y quitarlas en otra, sin tener en cuenta la voluntad de las familias y la demanda social, van en contra de la legislación».
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Desde la agrupación formada por Concapa, Escuelas Católicas, CECE, USO y FSIE señalan que el Gobierno de Concha Andreu y la Consejería de Pedro Uruñuela «nos han calificado como una plataforma 'insidiosa', 'desinformada', 'con ganas de molestar' y el tiempo y las sentencias han demostrado la necesidad y fundamento de nuestra constitución en febrero de 2020, que no era otra que garantizar la salud democrática del sistema educativo riojano».
En la nota de prensa recuerdan que en 2020, en plena pandemia, con las limitaciones que ello suponía, la Consejería de Educación publicó de forma inesperada una resolución donde exigía a los centros de la red concertada unas ratios mínimas superiores a las de la red pública. «Es decir, para poder seguir existiendo, nuestros centros debían tener matriculados en sus aulas más alumnos que los centros públicos y, de no ser así, se podía eliminar el concierto –recuerda Ana Isabel Preciado-. Intentamos hablar y negociar con la Consejería, pero, ante la falta de diálogo por su parte, nos vimos obligados a denunciar».
«Los jueces tomaron medidas cautelarísimas para frenar el ataque. Ahora, esas medidas provisionales urgentes son tres sentencias firmes»
El TSJR dio la razón a la educación concertada en cinco sentencias en las que se decía, entre otras cosas, que el Gobierno tomaba medidas con «falta de motivación». En la misma línea, señalan, la Consejería intentó suprimir aulas en Escolapias, Salesianos y Alcaste. «La gravedad de la situación llevó a los jueces a tomar medidas cautelarísimas para frenar el ataque. Ahora, esas medidas provisionales urgentes son tres sentencias firmes». Pese a todo, desde la Plataforma siguen apostando por el diálogo y demandando que se convoque la mesa sectorial de la enseñanza concertada.
Por su parte, la presidenta del Gobierno, Concha Andreu, aseguró que «pueden y deben exigir responsabilidades, y se les darán todas las explicaciones posibles».
