«Se está cometiendo una injusticia desde hace meses»

En su argumentación sostiene que el riesgo de fuga que alega la justicia es inexistente y que la procesada ha puesto sobre la mesa todas las facilidades posibles: «Se brindaron todas las formas posibles de control y se presentó toda la documentación» para asegurar su presencia en suelo español. En ese sentido, recuerda que desde que fue detenida tras recuperarse de las heridas sufridas «el pasaporte (de la procesada) lo tiene la justicia española y también podrían utilizar una tobillera electrónica de control. Ella tiene ahora un lugar físico donde residir (está empadronada en Fuenmayor) y un trabajo esperándole. Más que nadie espera que se aclare lo que sucedió en Lardero sin querer perjudicar la investigación. Nos extraña que la justicia no pueda controlar a una persona fuera de prisión. No la quieren dejar libre», argumenta.

Desde Uruguay sostiene que «hay algo que no está funcionando correctamente» y cree que está siendo una especie de chivo expiatorio. «La están usando para que nadie pregunte ni investigue lo que realmente pasó ese día. Ya se sabe que ella tenía un teléfono móvil y un secador en el momento en que se produjo la explosión. ¿Cómo vuela toda una planta con un celular y un teléfono?», se cuestiona.

Por eso pide a los afectados por aquella explosión que «presionen para que se investigue como se tiene que hacer ya que en caso contrario nadie se hará cargo de los daños y los desperfectos. No solo son ustedes los afectados, también la propia investigada, que perdió la visión y sufre quemaduras y secuelas de por vida».