Casado acuerda con partidos marroquíes pedir explicaciones a Sánchez por la llegada de Gali

La llegada de Brahim Gali, líder del Frente Polisario, al hospital San Pedro de Logroño, donde se encuentra ingresado por COVID, continúa enmarañando la política nacional e internacional.

Ayer, el líder del PP, Pablo Casado, confirmó a dirigentes de los partidos marroquíes Istiqlal y Reagrupamiento Nacional Independiente (RNI) que pedirá explicaciones al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por la «entrada irregular» en España de Gali. En sus reuniones con Aziz Ajanuch, presidente del partido Reagrupamiento Nacional Independiente y ministro de Agricultura y Pesca de Marruecos, y con Nizar Baraka, secretario general del Partido Istiqlal, Casado les informó del registro de cinco preguntas parlamentarias para «pedir explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la entrada irregular, sin comunicar y con identidad falsa del líder del Frente Polisario».

Mientras, desde el Gobierno, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, aseguró que España y Marruecos deben hablar «con discreción». «No voy a añadir nada a lo dicho en días anteriores», respondió al ser preguntada por el último comunicado del Ministerio de Exteriores marroquí, en el que se avisaba de posibles «consecuencias» por la acogida, de la que Rabat no fue informada de antemano.

Por su parte, la Asociación Saharahui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH), promotora del proceso judicial en España contra el líder del Frente Polisario ha remitido sendas cartas al presidente del Gobierno y a la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, Isaura Leal, para denunciar la forma en que la que este ha sido acogido y pedir que se instaure una comisión de investigación. En su misiva a Sánchez, resalta que «uno de los principales imputados por la Audiencia Nacional por delitos de lesa humanidad» se encuentra en España, hospitalizado en el San Pedro.

Gali «es posible que haya entrado en territorio español con una identidad diferente en un nuevo intento de eludir a la justicia», ha denunciado la organización, recordando que no compareció cuando fue citado en 2016 por la Audiencia Nacional.

En su segunda misiva, dirigida a Leal, la asociación sostiene que «estos hechos pueden representar un delito de prevaricación al ser una posible extralimitación en las funciones del Gobierno, y un atentado contra la independencia del poder judicial». Por ello, la asociación solicita «la creación de una comisión de investigación para depurar las responsabilidades y llegar a la verdad».