La cárcel de Logroño podría quedarse sin seguridad privada el 31 de mayo

Protesta de los trabajadores, este miércoles/Sonia Tercero
Protesta de los trabajadores, este miércoles / Sonia Tercero

Los trabajadores que vigilan el perímetro de la prisión, la mayoría antiguos escoltas en el País Vasco y Navarra, piden a Interior que les aclare su futuro

Luis J. Ruiz
LUIS J. RUIZLogroño

El 'día D' será el próximo 31 de mayo. El contrato que el Ministerio del Interior tiene con las empresas de seguridad privada que prestan sus servicios en los controles perimetrales y de primer acceso a los centros penitenciarios expirará el último día de mayo. La única duda es saber si el Ejecutivo activa o no la prorroga de un año prevista en la redacción de aquel acuerdo. Ese día, cerca de un millar de vigilantes de seguridad se quedarán sin servicio y a expensas de la decisión que tome la firma para la que trabajan. Entre ellos, los 33 que prestan sus servicios en el centro penitenciario de Logroño desde el año 2013.

«Llevamos seis años realizando un buen trabajo en coordinación y colaboración con la Guardia Civil», explica uno de los trabajadores de Logroño que prefiere permanecer en el anonimato. La alarma se activó después de que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, informará durante la presentación de los presupuestos de su departamento para el 2019 la intención de prescindir de sus servicios y reasignar esas funciones a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

«No han explicado los motivos de la medida», inciden desde la prisión de Logroño. «Esa decisión supondrá reasignar recursos de seguridad ciudadana al control exterior de las prisiones», interpretan al tiempo que dicen estar «en una indefensión absoluta, ya que el ministro del Interior no nos dice nada pero en reuniones que han mantenido con representantes de funcionarios de prisiones sí que les han dicho que no seguiremos». También critican que algún sindicato ha reclamado para los funcionarios de instituciones penitenciarias los 34 millones de euros que el Estado se ahorraría con la resolución del contrato.

El caso de los trabajadores de vigilancia privada del centro penitenciario logroñés, además, es particular: la mayor parte de ellos se fajaron en los años duros de ETA como escoltas en el País Vasco y Navarra y, después de que se prescindiera de sus servicios desde el propio Ministerio, aseguran, se les ofreció la posibilidad de asumir estas funciones. «Aquello fue un proyecto piloto, una especie de recolocación encubierta para los escoltas que se organizó desde el Ministerio del Interior». Buena parte de ellos acabó en Logroño: «En un primer momento, los 23 que nos encargábamos de la vigilancia del perímetro de la prisión logroñesa éramos antiguos escoltas que habíamos trabajado en el País Vasco. Nos desplazamos con nuestras familias a La Rioja y a otras regiones para poder seguir trabajando y ahora, no sabemos muy bien porqué, quieren prescindir de nuestros servicios», sostiene uno de los afectados. «Todos somos bastantes veteranos, con una experiencia larga y muchas empresas de seguridad directamente no nos quieren», completa.

Esa situación, además, creen que podría ser la punta de lanza de la realidad en que viven no pocos vigilantes de seguridad. «En España, todas las infraestructuras críticas (centrales nucleares, eléctricas...) están vigiladas por empresas privadas», recuerda al tiempo que deja en el aire la posibilidad de que la medida se extienda a otros sectores.

Este miércoles, han convocado una concentración silenciosa (12 horas) a las puertas del centro penitenciario de Logroño.