ARAG-Asaja y UPA se presentan en contra de los procedimientos que pretenden frenar la caza del lobo
Los sindicatos agrarios y ganaderos defienden «la idoneidad de una medida cuyo objetivo es garantizar la coexistencia de la ganadería extensiva y este animal»
ARAG-Asaja y UPA han anunciado sus propios movimientos judiciales frente a las peticiones de que se frene la posibilidad de cazar al lobo en La Rioja. Los sindicatos agrarios y ganaderos han informado de que se personan en los distintos procedimientos abiertos tras la presentación de recursos contenciosos administrativos por diferentes organizaciones contra los decretos del Gobierno de La Rioja que aprobaron el permiso de caza del depredador con limitaciones y periodos hábiles del control de población y las normas para la caza mayor en batida, menor y rececho y en la Reserva Regional de Caza de La Rioja y los cotos sociales de la comunidad Autónoma durante la temporada 2025-2026.
ARAG-Asaja ha avanzado que se personará en los procedimientos de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) y Ecologistas en Acción. El sindicato desea participar en el proceso administrativo para defender «la idoneidad de una medida apoyada desde el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados de España y desde el Gobierno de La Rioja, y cuyo objetivo es garantizar la coexistencia de la ganadería extensiva y este animal». Por otra parte, UPA, que ha manifestado su intención de presentarse en la misma causa de Ascel, considera que las medidas adoptadas «son imprescindibles para el control poblacional de esta especie en zonas donde resulta incompatible con la ganadería extensiva» y estima que «han supuesto un respiro para aquellos ganaderos que venían sufriendo constantes ataques de lobo, mermando sus explotaciones y haciéndolas inviables».
El pasado 22 de mayo el Parlamento de La Rioja aprobó, con la mayoría del PP, la abstención de Vox y la negativa de PSOE e IU, la modificación de la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural que excluía al lobo del listado de especies protegidas que impedía su caza. Antes ya se había anulado la protección de la especie al norte del Duero mediante otra modificación aprobada en el Congreso, a nivel nacional. Y el 19 de junio la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo regional publicó la nueva orden de vedas que permitirá abatir al animal del 1 de octubre al 6 de febrero.
Ascel reclamó al Gobierno de España, al Defensor del Pueblo y al PSOE instar a la presentación de recursos de inconstitucionalidad de las medidas aprobadas para poder cazar al lobo al entender que «abundan los motivos a tal fin». El Defensor del Pueblo atendió la petición y presentó el pasado 1 de julio un recurso de inconstitucionalidad sobre tres disposiciones de la modificación de la ley de desperdicio alimentario que permitió la desprotección del lobo. Por otra parte, el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico (FPLI), en el que se integra Ecologistas en Acción La Rioja, presentó un recurso contencioso administrativo contra la orden de vedas y se solicitó al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja la adopción de medidas cautelares para que se suspenda la caza del lobo hasta que no quede resuelto dicho recurso.
Esta misma medida, paralizar de forma cautelar la caza del lobo, la ha aprobado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Según ha informado el DPLI, «los magistrados han resuelto que los datos científicos demuestran que el lobo ibérico es una especie amenazada en peligro de extinción y que, por tanto, no puede ser cazado«. En nuestra comunidad el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja admitió a trámite el recurso presentado contra la orden de vedas de caza y la solicitud de medidas cautelares para suspender la caza del lobo basándose «en las conclusiones de un informe pericial elaborado por un grupo de científicos expertos en biología y ecología de grandes carnívoros».
