Las acusadas de la Casa Cuna no aceptan el pacto de culpabilidad del fiscal e irán a juicio

Las tres acusadas de un presunto delito de 'violencia habitual' en el caso de la Casa Cuna no aceptaron ayer una oferta de rebaja de penas de la Fiscalía al considerar que implicaría un reconocimiento de su culpabilidad. Así lo explicó José Gullón, abogado defensor de una de las tres acusadas, al termino de la vista de conformidad, que terminó sin acuerdo. Ello implica que la petición de condena se mantiene -un año y ocho meses de cárcel para la exdirectora de la guardería y ocho meses para cada una de las dos profesoras acusadas- y que habrá juicio, aunque las fechas quedaron pendientes de fijación por parte de la magistrada.

En este sentido, la titular del juzgado advirtió a defensas y acusación que el Penal 1 está sobrecargado de trabajo y que tiene ya cubierto con diferentes casos todo el año 2015. La jueza explicó que en condiciones normales el juicio debería posponerse a 2016, pero, dada la trascendencia del asunto, se habilitará un 'hueco' próximamente. En cualquier caso, aclaró que serán necesarias al menos tres sesiones para los interrogatorios de los más de 40 testigos y que, dada la situación existente en el juzgado, serán alternas, una cada semana, a partir de la fecha que se determine.

Por lo demás, en la vista de cuestiones previstas tras rechazar las partes el acuerdo, la jueza descartó dos peticiones de la Fiscalía: la primera para que el Instituto de Medicina Legal incorporase una pericial sobre los efectos que las prácticas denunciadas en su informe podrían causar en niños de tan corta edad y la segunda para que la Policía localizase a un niño que estuvo en la Casa Cuna y no fue hallado durante la instrucción.

La juez consideró que no eran procedentes a estas alturas del procedimiento y que, al no haberse acreditado durante la instrucción que los supuestos delitos de violencia habitual por parte de las acusadas hayan causado secuelas o lesiones permanentes en los niños, no procede la interpretación de un delito sino de la propia juzgadora.

Sí admitió la juez, sin embargo, nuevos testigos de las defensas, especialmente de Eulen -empresa que gestiona la Casa Cuna y señalada como responsable civil subsidiaria junto con el Ayuntamiento de Logroño-, que se sumarán a los 18 que presentará la acusación pública.

José Gullón, abogado de una de las tres acusadas, aclaró ante los medios de comunicación que «mi representada y el resto entienden que no se produjo maltrato, como sostiene la Fiscalía, y que los hechos no son constitutivos de delito». Gullón, que eludió concretar la oferta que había hecho el fiscal a las acusadas, sí señaló que «haber aceptado, aunque se rebajen las penas, implicaría asumir una condena». El letrado evitó comentar con los periodistas los pormenores de las acusaciones del fiscal, pero sí insistió en sus argumentos: «Esto no es 'El orfanato'; no ha habido delito en la Casa Cuna».

El hecho de que el fiscal sea la única acusación, sin que padres de los niños la hayan ejercido a título particular, será uno de los principales argumentos de las defensas cuando comience el proceso, tal y como dejaron claro ayer los letrados en la vista de cuestiones previas.