Trump baraja atacar a los cárteles de la droga dentro de Venezuela

El Gobierno de Venezuela también conoce el juego semántico de la propaganda. Por eso el mismo viernes presumía de haber logrado «el rescate de tres niños secuestrados por EE UU». Se refería, en realidad, a tres menores que habían quedado separados de sus padres cuando estos fueron deportados. Regresaron a Venezuela con otros 302 venezolanos –entre ellos otros tres menores, éstos con sus padres– en un vuelo charter de la compañía Eastern fletado directamente desde EE UU el mismo día en que los tambores de guerra entre ambos países evocaban a la invasión de Panamá de 1989, el último episodio de intervencionismo estadounidense en Latinoamérica.

La existencia de ese vuelo, que pasó bajo el radar mediático, indicaba que, pese a la retórica, los canales diplomáticos entre ambos países siguen abiertos. Al menos uno, el que opera el asesor especial del presidente norteamericano Richard Grenell a través de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, cercano a Nicolás Maduro. Ambos establecieron contacto por primera vez en México en septiembre de 2020, cuando el primer Gobierno de Trump daba sus últimos coletazos, convencido aún de que ganaría la reelección.

En esas fechas se mostró dispuesto a reunirse con la bestia negra del exilio latinoamericano, como había hecho antes con el líder norcoreano Kim Jong-un. «Me reuniré con cualquiera. Creo en reunirse», había dicho. Los primeros en saltar fueron los senadores de Florida Marco Rubio y Rick Scott. La posibilidad de que Trump y Maduro pudieran llegar a un acuerdo transaccional que permitiese al dictador chavista seguir en el poder a cambio de licencias petrolíferas alarmó a los halcones cubanos y venezolanos del exilio, que todavía apostaban por Juan Guaidó como presidente encargado.

Trump dio marcha atrás y se apresuró a publicar en las redes sociales que el único propósito de reunirse con Maduro sería negociar su salida pacífica. El líder latinoamericano sobrevivió a Trump y negoció con Biden las licencias para que Chevron explotase el crudo venezolano, siempre que los pagos fueran destinados a abonar la deuda de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y no directamente al Gobierno venezolano. Repsol, en España, Eni, en Italia, BP, en el Reino Unido, y Maurel & Prom, en Francia, también se beneficiaron de esos pagos en crudo y las licencias de proyectos con PDVSA coincidiendo con la guerra de Ucrania. Casi media docena de empresas estadounidenses recibieron contratos de mantenimiento y operaciones esenciales.

Rubio no tenía influencia sobre el Gobierno de Biden, pero en esta segunda venida de Trump se ha convertido en uno de los hombres fuertes del presidente, al acaparar cuatro cargos, entre ellos el de secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional. Mientras Grenell trata de abrir canales de negociación con Maduro para agilizar las deportaciones, Rubio boicotea los acuerdos en busca de la mano dura necesaria para hacer saltar al régimen.

«No hay facciones ni divisiones», dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuando 'The New York Times' publicó en julio que Rubio había boicoteado un acuerdo para intercambiar prisioneros venezolanos de El Salvador por estadounidenses retenidos en Venezuela. «El presidente tiene un solo equipo y todos saben que él es quien toma la última decisión».

Trump es conocido por adoptar decisiones basándose en la última voz que ha escuchado. Esta semana, mientras el avión de deportados partía hacia el aeropuerto de Simón Bolívar, Rubio volvía apresuradamente a Washington, tras una gira por México y Ecuador que ha coincidido con el ataque a una presunta narcolancha en el que habrían sido asesinadas once personas. Horas después de aterrizar, la cadena CNN reportaba que el presidente «sopesa una multitud de opciones para llevar a cabo ataques militares contra los cárteles de la droga que operan en Venezuela, incluyendo la posibilidad de golpear objetivos dentro del país».

Sería una operación quirúrgica, como la que EE UU perpetró en Irán en junio pasado como parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar a Maduro, según múltiples fuentes informadas de los planes de la Administración. Preguntado si busca llevar a cabo «un cambio de régimen», el presidente fue tajante: «No estamos hablando de eso».

Eso ya lo intentó durante su primer mandato, con el apoyo al golpe de Estado de abril de 2019 por el que Juan Guaidó debía alzarse presidente. Su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton y su secretario de Estado, Mike Pompeo, le habían asegurado que importantes figuras del círculo de poder habían pactado abandonar a Maduro y negociarían su salida cuando el ejército se sublevara al llamado de Guaidó, pero no fue así. 

El grueso de las fuerzas armadas permaneció leal, la movilización de la oposición fue contenida y el intento fracasó en pocas horas. Pompeo dijo después en una entrevista que el dirigente chavista «estuvo a punto de irse en un avión rumbo a Cuba» pero «los rusos lo convencieron para quedarse».

La estrategia de «máxima presión» a través de sanciones que sofocaran al régimen provocó un éxodo masivo de venezolanos que, paradójicamente, catapultó a Trump de vuelta a la Casa Blanca, al convertir la «invasión» en eje de su campaña. Estos días presume de haber resuelto el problema que creó, aunque los tribunales han negado que EEUU esté en guerra. Las palabras son importantes, Trump lo sabe. Al igual que los golpes ejemplares como el de narcolancha, o los que le sigan.

En la estrategia del Gobierno de Trump, Maduro es considerado el capo del 'Cártel de los Soles', nombre que se le da por los soles que llevan en sus uniformes los generales de la Guardia Nacional Bolivariana. Según un informe de la ONU, menos del 5% de la producción de cocaína colombiana pasa por Venezuela, pero Washington no parece hacer caso. Rubio ha respondido rotundo: «No me importa lo que diga la ONU –atajó estos días pasados en Quito–. Maduro está imputado por narcotráfico en un tribunal de Nueva York». La demanda, que no ha recibido continuidad, la interpuso la Fiscalía durante el primer Gobierno de Trump con la recomendación de un gran jurado, lo que permitió poner precio a la cabeza del líder chavista con la esperanza de que alguien en su círculo interno le traicione.

Ahora que EE UU califica a las bandas de pandilleros como cárteles de la droga y las ha declarado organizaciones terroristas, el uso de la fuerza está más justificado, de acuerdo a esa semántica presidencial. El mero sobrevuelo de aviones militares venezolanos sobre la flota estadounidense desplegada en el Caribe sería suficiente para desatar una operación como la de Irán, que debilite aún más al régimen y haga reconsiderar a Maduro su salida del poder.

En 2020, el jefe de Estado venezolano «se mostró receptivo» a un trato, publicó entonces 'The New York Times', pero quiso ganar tiempo a la espera de conocer el resultado de las elecciones estadounidenses. Ahora el tiempo juega en su contra. El «cowboy racista y miserable» –como Maduro califica a Trump–es cuando menos pragmático y transaccional, mientras que Rubio, «el señor de la guerra» que se la tiene jurada, se baraja como su futuro sucesor.

Ocho barcos de guerra y un submarino nuclear estadounidenses han tomado posiciones frente a sus costas. El Pentágono envió además este viernes diez sofisticados bombarderos F-35 a una base en Puerto Rico para reforzar el despliegue de EE UU. Por su parte, el líder venezolano sabe que las palabras cuentan, pero las acciones también. El viernes confimó en televisión la activación de las Milicias Bolivarianas, lo que supone el alistamiento de unos ocho millones de ciudadanos. «Ojalá Trump recapacite. Lo invito a dialogar», dijo antes de advertir que su país está también dispuesto a pasar a la «etapa de lucha armada». El mundo está pendiente.