La designación del Cártel de los Soles como grupo terrorista cerca aún más a Maduro

En julio pasado, el Departamento del Tesoro había anunciado sanciones al Cártel de los Soles, pero entonces lo hizo etiquetándolo como «grupo terrorista global de designación especial», al que acusaba de prestar asistencia a otros como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, a los cuales ya designó en febrero pasado como «organizaciones terroristas extranjeras».

Con esta nueva vuelta de tuerca redobla los tambores de guerra con los que atormenta a Nicolás Maduro, mientras negocia su retirada por canales traseros, pero también estrecha el cerco contra la cúpula militar. Según explicó el jueves pasado el propio Hegseth en entrevista con One America News, la nueva designación proporciona al gobierno de EE UU «un montón de opciones» para continuar acosándolo. En la práctica, es una redefinición del conflicto, no solo un golpe simbólico. Las nuevas «posibilidades» permitirán al gobierno saltarse las restricciones de la lucha contra el narcotráfico para pasar a acciones que legalmente no podría aplicar contra los narcotraficantes, porque la designación de organización terrorista está reservada a la categoría de las más graves amenazas contra la seguridad nacional que ejercían organizaciones como Al-Qaeda o el Estado Islámico.

Se trata también de un blindaje legal y diplomático que permitirá a Trump justificar ataques aéreos con drones, incursiones con fuerzas especiales, sobrevuelos militares y un uso más agresivo de la inteligencia. Con la etiqueta de terrorismo, Washington se mueve en un territorio legal más flexible que se parecerá más al que siguió a la invasión de Irak en 2003 que a las operaciones de la DEA, habitualmente coordinadas con los gobiernos de los países en los que opera.

El sello de terrorismo activa también la jurisdicción extraterritorial de Estados Unidos. Cualquier general, coronel o funcionario que aparezca vinculado al Cártel de los Soles podría ser detenido fuera de Venezuela, extraditado y juzgado por apoyar a una organización terrorista. Se convierte así en un riesgo real para muchos miembros del círculo militar de Maduro que aún viajan o mantienen bienes fuera del país.

El aislamiento del régimen es cada vez más palpable. Incluso las aerolíneas internacionales han ido retirando el pie del país por temor a ser alcanzadas por las operaciones militares en la zona. Son ya seis las grandes empresas que han dejado de volar al aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Caracas, siguiendo las advertencias de la Federal Aviation Administration de EEUU. Las norteamericanas y algunas europeas como Alitalia y Lufthansa habían ido cancelando paulatinamente desde 2016 sus rutas a Caracas por diversas razones, pero el mes pasado American Airlines dejó incluso de sobrevolar Venezuela, y este fin de semana han anunciado su retirada seis aerolíneas -Iberia, TAP, Turkish Airlines, LATAM, Avianca y GOL Linha-. Esa reducción drástica de conexiones aéreas ilustra el nerviosismo internacional y deja a Venezuela más dependiente que nunca de la red política y comercial que mantiene con sus pocos aliados, Cuba y Nicaragua.

La nueva designación permite así mismo aumentar las sanciones financieras contra los colaboradores de Maduro a través de los bancos y entidades financieras que muevan dinero de los presuntos miembros del Cártel de los Soles, que según los expertos no existe como tal, sino que, según la fundación sobre crimen organizado InSight Crime, es simplemente el resultado de un sistema de corrupción en el que funcionarios militares y políticos sacan provecho de colaborar con narcotraficantes. Maduro, previsiblemente, sabe lo que ocurre en sus filas pero, «¿significa eso que dirige sus operaciones y coordina los flujos de droga? Nunca hemos tenido información pública que lo confirme», dijo a Reuters Will Freeman, investigador de estudios latinoamericanos en el Council on Foreign Relations.

A partir de ahora, no solo Maduro podrá ser juzgado por terrorismo en EE UU, sino también empresas, intermediarios y testaferros que ahora pueden ser acusados de financiar esta actividad, en lugar de un simple lavado de dinero. Los países que rehúyen colaborar con Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico pueden encontrar cobertura en esta nueva etiqueta y el Departamento de Justicia gana acceso a herramientas reservadas para casos de terrorismo: escuchas ampliadas, detenciones por «apoyo material», confiscación acelerada de bienes y la posibilidad de procesar incluso a ciudadanos estadounidenses si facilitan recursos al grupo.

En realidad, no se trata de perseguir a los elementos del régimen, sino de asfixiarlo para que quiebre algún eslabón en la cadena de mando, donde EE UU busca generales que traicionen a Maduro para evitar una intervención militar directa, que no se alinea con ideología de Trump ni las promesas de no intervención extranjera que ha hecho a sus bases con el 'America First'. Su gobierno ya ha aumentado la recompensa por información que conduzca a la detención y captura de Maduro a 50 millones de dólares y ahora, como parte de la política de palos y zanahorias, trunca la capacidad de los mandos para viajar, mover fondos o mantener negocios fronterizos. Washington espera que se pregunten si su lealtad a Maduro los va a llevar a una celda estadounidense o a perder sus bienes en el extranjero.

Con sus aliados internacionales involucrados con EE UU en sus propias negociaciones -Rusia, envuelta en la Guerra de Ucrania; China, en la de los aranceles, e Irán, tras la guerra de los doce días, buscando un pacto nuclear-, nadie espera que Maduro encuentre mucho apoyo para defenderse de un ataque militar, pero si el redoble de tambores le pone lo suficientemente nervioso como para negociar su salida, mejor para Washington.