Niños de menos de 15 años para luchar contra la violencia en México

Las fotografías son muy similares a las que ya trascendieron en 2020, 2021, 2022 y 2023, lo que da testimonio de que el problema en la zona no solo no se soluciona sino que va a peor. ¿Y cuál es? La respuesta es compleja. La región de La Montaña, en el sur de México, es una de las más marginadas del país y soporta un índice de pobreza del 66,5%. Allí, la población se reparte en distintos grupos indígenas y lenguas y la tasa de analfabetismo es casi tan alta como el número de carencias en servicios públicos básicos o infraestructuras. Los datos de violencia tampoco son menores. En 2023 hubo casi 1.700 asesinatos, unas cuatro muertes al día.

La economía se sustenta en dos pilares: la minería del oro y la plata y el cultivo de la amapola, de la que se saca la goma de opio que sirve para fabricar heroína o fentanilo. Además, es un punto en el que confluyen las rutas que unen las plantaciones con Estados Unidos. Todo ello genera el caldo de cultivo perfecto para generar un clima de violencia, mafias y guerrillas que deja a la población civil a merced de la violencia.

A lo largo de los años, las distintas entidades locales han ido organizando sus propios grupos de autodefensa, al margen de los oficiales, e incluso, opuestos a ellos. En la zona del Guerrero opera la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores (CRAC) que lleva años haciendo frente a los cárteles de la droga y las organizaciones delictivas, en especial a Los Ardillos convertidos en los últimos años en uno de los principales grupos criminales del estado. Secuestros, asesinatos, extorsión son sus cartas de presentación en una región en la que la autoridad gubernamental se ve salpicada por continuos escándalos que los relacionan con las mafias.

La entrada de menores en las filas de la CRAC no es nueva. Ya ocurrió en 219, tras varios varios asesinatos, y se repitió en los años siguientes. Sus responsables aseguran que los niños «no corren riesgos» y no existe referencia alguna de que ninguno haya sido herido, aunque eso tampoco es garantía de que no haya pasado. En esta ocasión, los adultos del grupo ciudadano de seguridad han explicado que los chicos más mayores del grupo colaborarán en la búsqueda de cuatro integrantes de una familia que fue secuestrada el pasado 19 de enero, y que los demás harán labores de vigilancia. También aseguran que «se trata de una forma de evitar que se incorporen al narcotráfico».

Los protagonistas de las imágenes no son chavales desatendidos o desarraigados, pero no se puede perder de vista que su realidad carece de demasiadas salidas de futuro. Sin escuela de secundaria en su localidad, deben desplazarse a otra si quieren seguir estudiando. El problema es que allí el control está en manos de Los Ardillos. Algunos admiten, a cara tapada, que entrar en la CRAC no es de su agrado. «A mí me gustaría estudiar, pero no puedo ir porque tengo miedo«, admite uno de ellos en medios locales. Los adultos se resignan: «Somos pocos y nos tenemos que defender. Los niños no deberían estar haciendo esto, pero ni modo».

Tanto el Gobierno de la región como el del país han criticado reiteradamente estas prácticas, sin embargo, el reclutamiento de civiles para incorporarse a labores de seguridad no es delito en México. Hay quien afirma que las imágenes, que curiosamente salen a la luz cada mes de enero desde 2020, son una forma de la policía comunitaria de llamar la atención sobre la inacción de las autoridades mexicanas ante la situación de violencia que viven amplias zonas del país. Sea como fuere, desde esta semana un grupo de críos de entre 8 y 15 años se enfrenta al mundo que les legan sus mayores armados con rifles, escopetas, pistolas y hasta palo.