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La red ferroviaria de Extremadura tiene 725 kilómetros. No hay vía doble ni electrificada, y hay tramos con la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora con traviesas del siglo XIX. El tren se ha convertido en la gran reivindicación de la región, que ha sufrido las imágenes de viajeros con maletas por el campo con vagones ardiendo de fondo. Desde 2008 está en marcha la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa. Con la crisis llegó la paralización a ambos lados de la frontera, y ahora se ha reconvertido en un proyecto para implantar un servicio de altas prestaciones comprometido primero para 2015, después para 2019 y ahora para 2020.

El tren simboliza para muchos el aislamiento y la falta de inversiones en una región que empieza a notar los efectos de la despoblación. Aún no ha tenido que cerrar ningún municipio, pero está viendo cómo la crisis reavivó el fantasma de la emigración. Ahora se echa de menos a los miles de jóvenes que se fueron para buscar una oportunidad laboral y que debían ayudar a sostener el sistema con sus impuestos y a asegurar el futuro con sus hijos.

Una población escasa en las dos provincias más extensas de España implica una mayor dispersión y por tanto más dificultades para prestar los servicios esenciales. De ahí que las infraestructuras se hayan convertido en la principal reivindicación, junto con un sistema de financiación adecuado que permita que la sanidad y la educación tengan la misma calidad que en otros puntos del país. Pero también se consideran esenciales para combatir el verdadero problema de Extremadura, que sigue siendo el desempleo. La tasa de paro se mantiene por encima del 23%, la más alta del país, y hay sectores, como los parados de larga duración, a los que aún no ha llegado la recuperación económica.

Ahora que los partidos se disputan el voto de las circunscripciones más pequeñas, Badajoz, con seis diputados, y Cáceres, con cuatro, aspiran a lograr la representación adecuada para revertir una situación que para muchos es un agravio histórico.

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