Cambia promete «a medio plazo» cumplir la Ley de Dependencia en su totalidad

Cambia La Rioja propone «reconvertir en propiedad pública» los servicios sociales y atender a medio plazo «el cien por cien» de las necesidades sociales contempladas en la ley de Dependencia.

El aspirante a la Presidencia de La Rioja por esta coalición, Diego Mendiola, y su número tres, Catalina Bennasar, detallaron ayer las propuestas de Cambia La Rioja en materia de servicios sociales. La formación apuesta por que estos sean públicos y con «carácter universal», frente a la situación actual de «precariedad, desmantelamiento y boicot activo que ejercen sobre ellos sus propios responsables», señaló Mendiola.

El cabeza de lista de Cambia La Rioja denunció que «muchas empresas que se han encargado de hinchar la burbuja inmobiliaria hayan encontrado un filón en los servicios sociales para continuar lucrándose a costa de una cuestión que va unida a la calidad de vida y la dignidad de las personas». En su lugar, la formación se compromete a planificar una red pública de servicios sociales y «buscar vías para revertir las privatizaciones ya ejecutadas», incrementar el presupuesto regional en la materia «como prioridad de gestión», cubrir «a medio plazo» la totalidad de las necesidades sociales incluidas en la Ley de Dependencia, aumentar el gasto social hasta equipararlo «al menos» con la media europea y desarrollar un programa integral de pobreza cero.

En la misma línea, el candidato a la Alcaldía de la capital riojana por Cambia Logroño, Gonzalo Peña, y su número dos, Nieves Solana, abogaron por una «remunicipalización» de los servicios sociales. «No se puede hacer negocio con lo público mientras existan unas necesidades sociales tan acuciantes», insistió Peña. Indicó que su programa para el 24M planteará una revisión de los convenios con el Gobierno de La Rioja para ampliar los servicios sociales en función de las necesidades reales, desarrollará el plan municipal de discapacidad, impulsará la constitución de una comisión intermunicipal y autonómica para evaluar la implantación de la Ley de Dependencia, facilitará el acceso de los inmigrantes al padrón y recuperará el Consejo de Mayores.