Fomento quiere registros de alquiler para limitarlos

Fomento quiere registros de alquiler para limitarlos

El Gobierno pide al INE que impulse una relación de pisos arrendados que sirva a la Administración para restringir precios, como quiere Podemos

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El Ministerio de Fomento ha tenido que acelerar los pasos para tratar de sacar adelante el decreto ley con las medidas urgentes aprobadas en diciembre para amortiguar la subida del precio de los alquileres. A la espera de la votación que este martes tendrá lugar en el Congreso para validar esa norma, el departamento dirigido por José Luis Ábalos ha remitido una carta al Instituto Nacional de Estadística (INE) para que impulse un índice oficial de precios de las viviendas arrendadas.

Esta misiva no es baladí, porque supone respaldar indirectamente una de las exigencias de Podemos para apoyar el texto en la Cámara baja, sin cuyo apoyo no saldría adelante. Si el INE desarrolla ese índice de alquiler lo hará, según le ha instado Fomento, con la debida periodicidad y desagregación territorial. Así, la Administración podrá analizar su evolución y, en su caso, optar a aprobar determinadas medidas políticas. Es en este punto donde Podemos quiere intervenir para que los ayuntamientos fijen topes de precios, temporales y en distritos con repuntes de los alquileres, como ocurre en el centro de las grandes ciudades y zonas costeras.

Ábalos siempre ha señalado que cualquier autorización que Fomento conceda a comunidades autónomas o consistorios municipales para que limiten los precios del arrendamiento debía ir precedida de un índice oficial de precios, sobre el que ya se ha puesto la primera piedra con la carta enviada al INE.

El partido liderado por Pablo Iglesias deberá pronunciarse este martes sobre el decreto que el Ejecutivo aprobó a mediados de diciembre con medidas para calmar el incremento de los precios del alquiler. El texto incluye una ampliación del plazo de prórroga de los contratos de tres a cinco años; una limitación de las garantías hasta un máximo de dos mensualidades; o la obligación de que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a cargo del arrendador.