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Un tendero coloca varias hortalizas dispuestas para su venta. Virginia Carrasco
El Gobierno separará las ventas a pérdidas al consumidor de la cadena alimentaria

El Gobierno separará las ventas a pérdidas al consumidor de la cadena alimentaria

Prevé reformar la ley para castigar «la destrucción de valor» entre los actores del sistema y, asimismo, estudia endurecer y publicar las sanciones

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Domingo, 23 de febrero 2020, 00:19

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El Gobierno y las principales organizaciones agrarias parecen haber alcanzado un principio de consenso para reformar a corto plazo la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. De esta forma, el sector podría satisfacer parte de sus demandas a la espera de ver cómo traspone España la Directiva Europea 2019/633, sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. El ministro de Agricultura, Luis Planas, lograría así apaciguar sus ánimos de cara a una adaptación «más escalonada» de la nueva normativa comunitaria, que obligará a modificar hasta 32 artículos de la ley nacional y «requiere de más debate».

Su idea es hacer esos primeros cambios legales «antes de que concluya este mes». Las asociaciones del sector esperan incluso que pudieran presentarse en el Consejo de Ministros este martes, tras realizar el Ministerio varias consultas antes, entre otros a la Abogacía del Estado. En paralelo, Planas y su equipo trabajan en otras cuestiones como potenciar el cooperativismo y las interprofesionales –la fruta de hueso, de las más afectadas por la caída de precios, no tiene ninguna–, aumentar las dotaciones para seguros –aunque para su materialización habría que esperar a unos nuevos Presupuestos del Estado– y comenzar la actualización de los estudios sobre precios y márgenes en la cadena de valor, que no se ponen al día desde 2013-2014.

Dos inspecciones diarias y una media de 5.730 euros por sanción

El sector agroalimentario cuenta con un vigilante específico desde 2013 –los mercados centrales (Mercasa) no tienen esa labor; ellos rentan su espacio a mayoristas por una tasa, facilitan los controles sanitarios y de calidad, y recaban información sobre precios– y, aunque las organizaciones de agricultores reclaman que se le dote de más medios, la opinión mayoritaria es que está haciendo una buena labor. Desde 2014 a 2019, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) –organismo autónomo aunque adscrito al Ministerio de Agricultura– ha realizado un total de 4.264 inspecciones para «comprobar el cumplimiento» de la cadena de valor entre productor y destino final.

Han sido, de media, prácticamente dos inspecciones diarias en los últimos seis años y, la gran mayoría, tras denuncia de parte, pues apenas el 5% fueron de oficio. Una de cada tres (34%)se hicieron en el segmento de frutas y hortalizas, seguido del vitivinícola y el lácteo (un 18% cada uno).

Verduras y frutas también aparecieron en buena parte de las 293 denuncias presentadas desde 2014 –la mitad obra de las propias organizaciones agrarias–; en concreto, en uno de cada cuatro casos (el 26,6%). Aunque el sector donde se apuntaron más irregularidades fue el lácteo, con casi cuatro de cada diez expedientes (el 38,5%). Y por debajo, vino (13%) y aceite de oliva (12%).

La AICA, que tiene por misión «vigilar a todos los operadores» de la cadena alimentaria, propuso 1.916 sanciones desde 2014 (luego las impone el Ministerio por tema de competencias), de las que el 22% se realizaron el ejercicio pasado. El importe total fue de 10,98 millones de euros, a un promedio de 5.730 euros por caso. Para las organizaciones agrarias no es mucho y piden elevar su cuantía, aunque ven más importante que se hagan públicas, lo que no ocurre ahora.

El incumplimiento en los plazos de pago originó la mitad de las infracciones (el 49%), seguido de la ausencia de contratos (16%). Por operadores, la industria alimentaria (38,8%) y la distribución comercial mayorista (36,6%) fueron los más sancionados.

Pero la prioridad ahora es vigilar mejor las posibles irregularidades en la cadena alimentaria, castigarlas más e incluso prevenirlas. Para eso, tras los primeros encuentros con técnicos de las organizaciones agrarias, en el Ministerio han trabajado en una reforma casi 'exprés'. El primer punto sería apartar la comercialización de alimentos y productos alimenticios del concepto de venta a pérdidas, que seguiría regulado por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista; ésta se actualizó a finales de 2018 para cumplir con una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que restringía su veto a las operaciones «engañosas» para el consumidor, «denigratorias» de la competencia o bien «predatorias» para «eliminar» a ésta del mercado».

Dos conceptos «diferentes»

A partir de ahí, se introduciría en la Ley 12/2013 el concepto de «destrucción de valor en la cadena alimentaria», del que quedarían fuera los consumidores porque solo afectaría a las relaciones comerciales entre los operadores de los distintos eslabones: productores, comerciantes en origen, industria transformadora, mayoristas y minoristas. Los agricultores defienden que es «diferente» a la venta a pérdidas y, por eso, lograrían que la reforma legal no fuera anulada luego por la justicia (a raíz de la sentencia europea de 2017), e incluso arguyen que «se evita duplicidad de regulaciones, controles y sanciones».

Lo que se castigaría ahora, dentro de la cadena, es a cualquier operador –ya no solo al minorista– que «revenda u oferte un alimento, o producto alimenticio, a un precio inferior al de adquisición» o, si aquel «ha sido manipulado y/o transformado por el propio vendedor», al que hubiera sido en su caso el «coste efectivo de producción». En ambos casos, además, se incrementaría ese precio de referencia en los «costes efectivos», junto a los impuestos indirectos correspondientes. No se computarían como posibles deducciones, sin embargo, las retribuciones o bonificaciones que compensen servicios prestados.

Eso sí, quedarán libres de penalización las ventas de alimentos o productos alimenticios perecederos «en una fecha próxima a su inutilización». Así se incluye en el borrador sobre el que han trabajado Agricultura y las organizaciones profesionales, aunque quedarían por modificar las sanciones. La idea es que se considere infracción grave la reincidencia, en este caso incurrir en dos o más irregularidades de ese tipo en menos de dos años. La «vigilancia» y verificación de estas conductas correspondería a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), cuya capacidad de actuación se reforzaría.

En cualquier caso, las organizaciones agrarias insisten en que se eleven las cuantías de los castigos –la mayoría de las prácticas irregulares se suelen considerar ahora infracciones leves, castigadas con menos de 3.000 euros por caso–, al no ver «proporcionalidad con los abusos cometidos». Pero más importante que el «carácter ridículo» de las multas, advierten, es que se publiquen las resoluciones (archivo, medidas cautelares o sanciones) de la AICA, como hace la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en otros sectores.

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