El consorcio vasco liderado por Jainaga cierra la compra de Talgo
El industrial, Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital sellan con Trilantic la adquisición del 29,7% del fabricante de trenes por 156 millones y logran el arraigo de la firma en Euskadi
El 16 de octubre de 2024, hace más de un año, el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, comunicaba formalmente a Talgo su interés por ... tomar el control de la empresa. Era el primer paso de una estrategia que había comenzado el verano anterior cuando Pedro Sánchez pidió ayuda al lehendakari para dar con un industrial dispuesto a liderar la compañía porque Moncloa iba a vetar la compra por parte de un grupo húngaro por sus conexiones con Rusia.
El siguiente paso fue el del 14 de febrero de este año. Después de que el Gobierno de España evitara otra opa –ahora de la polaca Pesa–, el consorcio formado por Jainaga, el Ejecutivo vasco y las fundaciones BBK y Vital llegaba a un preacuerdo con el accionista principal de Talgo, el fondo inversor Trilantic, para adquirir su 29,7% de la compañía. Sin embargo ha habido que esperar nueve meses más, hasta este jueves, para materializar ese acuerdo. Es lo que el consorcio liderado por Jainaga comunicó el viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Un cierre que estaba pendiente de la financiación de la empresa y que es el punto final de un largo recorrido. Un camino con obstáculos que ha requerido de una unidad de acción entre los gobiernos central y vasco, así como de un consenso y el empleo de fondos público-privados vascos para una operación industrial en Euskadi sin precedentes en más de una década –220 millones–. Se ha convertido, además, en el símbolo de la legislatura del lehendakari Imanol Pradales. La demostración de que se quería recuperar el pulso industrial poniendo fin a la pérdida de arraigo de empresas y activando un plan financiero que contempla movilizar 12.000 millones hasta 2030.
Flecos hasta el 31 de enero
Los detalles de la firma recogen una adquisición de ese 29,7% de Talgo por un total de 156,6 millones, lo que equivale a un pago de 4,25 euros por título. El grueso de esas acciones corresponden a Trilantic, aunque también hay miembros de la familia Oriol, fundadora de Talgo. Ese 29,7%, que garantiza el control de la empresa, se repartirá en función del peso de cada uno de los socios. Jainaga, el Gobierno vasco y la fundación BBK, como han aportado cada uno 45 millones, tendrán en cada caso un 8,5% de la compañía. La participación de la Vital se quedará en un 4,24% porque su inyección al consorcio asciende a 20 millones.
El acuerdo está sujeto, eso sí, al cierre de varios flecos antes del 31 de enero de enero de 2026. Son cuestiones que requieren de la celebración de una junta de accionistas de Talgo para su ratificación, una cita cuya convocatoria será en los próximos días y se fijará para mediados de diciembre.
Se trata, principalmente de la financiación de la empresa, que acumula una deuda de más de 460 millones. Los accionistas de Talgo deben ratificar la solución ofrecida por la veintena de entidades que conforman el 'pool' bancario. Estos reclamaron una inyección extra de 150 millones en la empresa. Un dinero que los gobiernos central y vasco acordaron este verano repartir en dos operaciones a partes iguales. Por un lado la Sepi aportará 75 millones. Los 40 primeros serán mediante una compra de acciones de nueva emisión de Talgo que le darán el 7,8% de la empresa. Estos títulos los adquirirá al mismo precio que el consorcio vasco –4,2 euros– y antes de la finalización del año, en una operación ya aprobada por el Consejo de Ministros. Los otros 35 millones serán con un préstamo convertible en acciones.
Los 75 millones que completarían esta operación serán aportados por el fondo vasco Ekarpen. Un instrumento controlado por el Gobierno vasco y Kutxabank y que ha aprobado un préstamo convertible también en acciones. Tanto la inyección de la Sepi como la de Ekarpen condicionan el número de acciones de Talgo y su titularidad, por eso es necesaria la ratificación en junta de accionistas.
Nuevo consejo y directivos
La comunicación del acuerdo definitivo ayer tiene un doble efecto. Porque, además de evidenciar la solución de los flecos finales, quita una presión que crecía en los últimos días. Lo hacía desde que la Audiencia Nacional anunció la investigación a Jainaga por la venta de acero de Sidenor a una empresa de armamento del Gobierno de Israel. Una instrucción por la que deberá declarar, junto a dos de sus directivos, el próximo miércoles 12.
El juez le acusa de contrabando y de posible colaboración en delitos de lesa humanidad por no informar adecuadamente a la Administración del envío de material catalogado de doble uso: civil y militar. En las últimas horas habían aparecido informaciones que especulaban con una posible retirada o fracaso de la operación que el anuncio de la compra disolvió ayer.
Talgo, tras su refinanciación, cuenta con una importante cartera de pedidos de más de 4.000 millones que centrará ahora la gestión de Jainaga. Con la sede social de regreso a Euskadi, una de las siguientes tareas será la conformación del nuevo consejo de administración en el que la Sepi quiere hacer valer su participación del 7,8% sentando a un representante. Además, queda por dilucidar el papel del presidente, Carlos de Palacio, así como del actual consejero delegado, Gonzalo Urquijo, que es sobre quien más segura se da su salida para dar paso a gente de la confianza de Jainaga.
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