Calahorra endurece el empadronamiento tras detectar más de 1.700 altas de extranjeros en seis meses
El Ayuntamiento de la bimilenaria elimina el empadronamiento al momento y exige un justificante bancario del alquiler
El Ayuntamiento de Calahorra aplica desde hace unas tres semanas varias modificaciones en la tramitación de los empadronamientos después de haber detectado un incremento considerable del número de nuevas personas de origen extranjero empadronadas en la ciudad en el primer semestre de este año. En concreto, según los datos estadísticos de la población en Calahorra, de enero a junio de 2025 se tramitaron 1.762 empadronamientos de ciudadanos procedentes de otros países, lo que supuso que el municipio contase en el mes de junio con 6.798 extranjeros empadronados frente a los 5.036 registrados a principios de enero. Según el Ayuntamiento, este incremento no correspondía a ninguna oferta de empleo equivalente, por lo que después de realizar varias comprobaciones se consideró que podría tratarse de un 'efecto llamada'. De todos modos, en estos momentos (con datos del pasado mes de noviembre) la situación se encuentra normalizada y son 5.284 ciudadanos extranjeros los que están empadronados en Calahorra.
A pesar de ello, el Consistorio ha optado por llevar a cabo una serie de medidas para controlar los empadronamientos. Una de ellas consiste en la eliminación del empadronamiento al momento como se venía haciendo. Ahora se ha establecido un plazo de tres a quince días para su formalización, con el fin de que la responsable de padrón y las dos personas de la Oficina de Atención al Ciudadano se puedan reunir diariamente para comprobar la documentación que debe presentarse y que según la Resolución de 17 de febrero de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local puede ser cualquiera que sea «acreditativa de la identidad» de la persona. En segundo lugar para justificar la residencia en la ciudad, el Consistorio pide ahora que se aporte un justificante de transferencia bancaria del alquiler de la vivienda en la que resida. Si bien, la Resolución de 17 de febrero de 2020 contempla «el empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio». «Las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas… incluso ausencia total de techo ) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón», recoge esta normativa.
Para la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, esta resolución que regula los requisitos del padrón es «intolerable». Según la regidora «el acceso al padrón es un derecho de todos, que vincula al resto de derechos y servicios», pero el Gobierno nacional «obliga a los ayuntamientos a empadronar sin que se acredite la residencia legal y no permite realizar esa comprobación». «Tenemos obligación de empadronar a todo aquel que tenga un documento de identidad, como un pasaporte», añade Arceiz para incidir en que «el padrón es una puerta que lleva a otros derechos: desde la educación y la sanidad, universales y gratuitas, hasta el acceso a ayudas de emergencia social». «Esto es algo así como el Gobierno de España abre la puerta y luego pagamos todos», subraya para remarcar que «desde nuestro punto de vista a estos derechos solo tienen que acceder quienes entran legalmente en España».
Las ayudas de emergencia, sólo a partir de dos años en la ciudad
Al margen de estas medidas de control en el empadronamiento, el Consistorio se está replanteado modificar los requisitos para acceder a las ayudas de emergencia social para favorecer a las personas que lleven más tiempo empadronadas en la ciudad. Así si el año pasado se exigía un año de empadronamiento -en lugar de 6 meses como era hasta entonces- se va subir a dos años. Además, el Ayuntamiento está trabajando en una línea de subvenciones para lo que Cáritas ha denominado la 'nueva pobreza'. Es decir, personas que cuentan con un sueldo, pero que no pueden pagar un alquiler o los suministros básicos como el agua, la luz y la calefacción.
