La Rioja

La oposición exige sanciones para las empresas morosas

Madrid. La oposición ha dado un ultimátum al Gobierno para que agilice la implantación de un régimen sancionador para las empresas morosas, tanto en la Administración Pública como en el sector privado. Ciudadanos, socio de investidura del PP, puso ayer fecha tope para ello: el 1 de junio.

Si para entonces el Ejecutivo no lleva al Parlamento un código sancionador, que desarrollaría en vía reglamentaria el decreto de medidas de lucha contra la morosidad y plazos de pago aprobado en 2013, el partido que dirige Albert Rivera presentaría su propia propuesta. No obstante, espera que el PP cumpla con el compromiso que suscribieron a ese respecto en el acuerdo que les permitió llegar al Gobierno.

Los populares ya presentaron el pasado día 6 una proposición no de ley, apoyada luego por el resto de grupos parlamentarios, instando al Ejecutivo a establecer un marco normativo para «combatir el retraso intencionado de los pagos». Pero Rivera quiere que «pasen de las promesas a los hechos».

«A las buenas o a las malas», advirtió el líder de Ciudadanos, ese código «va a estar en marcha más pronto que tarde». No obstante, reconoció que aunque logre el apoyo del resto de partidos - «si el Gobierno trata de «hacer truco» en este tema, ironizó Rivera en referencia a la popular costumbre de Halloween, «haremos trato» con la oposición- no podría estar en marcha hasta principios de 2018.

A este respecto el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se mostró ayer dispuesto a apoyar dicha iniciativa aunque avisó de que, vistos los antecedentes, el Gobierno podría tratar de torpedearla aprovechando las negociaciones presupuestarias con otras formaciones. No obstante, el presidente de la Plataforma contra la Morosidad, (PMcM), Antoni Cañete, dijo que «nada justificaría» entorpecer una medida que «beneficia a la sociedad civil».

En España, según la PMcM, una de cada tres empresas cierra por sufrir problemas de morosidad. El plazo medio de pago es de 160 días, «lejísimos de la media europea» donde Bruselas ha expedientado a España por incumplir su directiva.