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Los manifestantes se concentran, ayer, en la plaza de Bermeo para escuchar la lectura de un manifiesto. / M. SALGUERO
El Gobierno autoriza a los atuneros del Índico a que lleven armas de guerra
ESPAÑA

El Gobierno autoriza a los atuneros del Índico a que lleven armas de guerra

Fernández de la Vega afirma que la seguridad de los tripulantes del 'Alakrana' está garantizada, pero no da detalles de la negociación

RAMÓN GORRIARÁN

Sábado, 24 de octubre 2009, 02:58

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Tres semanas después del secuestro del atunero 'Alakrana' por parte de piratas somalíes, el Gobierno decidió reforzar la seguridad de los barcos que faenan en el océano Índico y que ahora podrán llevar «armamento de guerra» para repeler los ataques. El Ejecutivo atendió así la demanda de los armadores para contar con elementos disuasorios frente a los abordajes y mejorar la autoprotección, pero no la de embarcar militares, la principal exigencia de los propietarios de la flota.

El Consejo de Ministros espera ahora la luz verde del Consejo de Estado para reformar el artículo 14 de la ley de seguridad privada que permitirá la utilización en los barcos de armas con «un calibre inferior a 20 milímetros». Una categoría en la que entran, entre otros, las ametralladoras pesadas y los cañones ligeros.

La vicepresidenta primera no dijo cuándo se podrá utilizar este material bélico, pero los representantes de los armadores indicaron, tras reunirse con responsables del Ministerio de Defensa, que en 15 días se podrá embarcar el armamento. Una vez que el órgano consultivo autorice la modificación legal, un trámite que se prevé rápido, el Consejo de Ministros aprobará, es posible que el próximo viernes, el decreto que modificará la ley.

María Teresa Fernández de la Vega indicó tras la reunión ministerial de cada semana que este armamento será utilizado por agentes de seguridad privada españoles o de compañías de otros países de la Unión Europea que estén homologadas en España. Los pesqueros que faenan en el Índico con pabellón español se equipararán así a otros pesqueros, también españoles, pero que navegan bajo bandera de conveniencia de las islas Seychelles o Panamá, y que ya cuentan con la protección de mercenarios, sobre todo, británicos.

La portavoz gubernamental descartó que la presencia de guardias con armas largas en los pesqueros vaya a propiciar una escalada de violencia en la zona o un incremento de los incidentes porque los agentes serán personas «formadas, expertas y entrenadas» para utilizar ese tipo de armamento. Además, añadió, los agentes actuarán de acuerdo a «protocolos de actuación» tasados, y siempre sometidos, por supuesto, al «control de la ley».

Poco antes de que Fernández de la Vega anunciara esta medida, los representantes de las asociaciones de barcos congeladores y atuneros, los que operan en el Índico, se reunieron con el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, quien detalló a los armadores la reforma legal. Julio Ángulo, delegado de los empresarios de congeladores, explicó que los resultados del encuentro fueron «bastante satisfactorios» aunque no colmaron sus expectativas. Insistió en que «lo ideal» hubiera sido que se autorizara que los militares viajaran a bordo de las embarcaciones, una contingencia que no está prevista en la ley de Defensa Nacional, aunque aseguró que insistirán en esa petición.

Pero con independencia de las medidas de autoprotección, el chaparrón de críticas al Gobierno por su imprevisión e incapacidad para resolver el problema no cesó.

Un error

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, puso el dedo en un asunto que fuentes gubernamentales reconocen en privado que pudo ser un error: detener a los dos piratas y hacerlo público de inmediato, en lugar de reservar esa baza para la negociación con los asaltantes. En lugar de eso, añadió, se trasladó la gestión a la Audiencia Nacional y se anuló esa carta para una ulterior transacción. El PP también quiere abrir un nuevo flanco de confrontación con este tema e interpelará al Gobierno el próximo miércoles en el Congreso, una iniciativa que conducirá a una votación sobre la gestión gubernamental en esta crisis, en la que los socialistas tienen papeletas para perder.

Fernández de la Vega no asumió ninguna de las críticas y garantizó que el Ejecutivo hace «todo» lo que está en su mano para lograr la liberación del atunero vasco. Están en marcha, dijo, gestiones políticas y diplomáticas, así como operaciones militares y de inteligencia. «Vamos a hacer las cosas bien y van a salir bien», afirmó, aunque sin dar detalles de las mismas «por prudencia y responsabilidad» ni se atrevió a hablar de fechas para un desenlace más allá del deseo que de que sea «cuanto antes». Eso sí, la vicepresidenta se arriesgó a decir que la seguridad de la tripulación «está garantizada».

Frente a las acusaciones de imprevisión, la portavoz gubernamental recordó que el 'Alakrana' no es el único barco secuestrado por los piratas somalíes porque en estos momentos «nueve buques más» sufren igual situación en esa zona del Índico. Dato que le sirvió para aplicarse el proverbio de que el que no se consuela es porque no quiere, pues, como se ve, «esto no sólo le pasa a España».

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