«Mañana tendrá usted alguna consecuencia»

Era el 27 de marzo de 1990, dos pistoleros del Grapo, Guillermo Vázquez Bautista y María Jesús Romero, se presentaron a las seis de la tarde en la consulta privada que tenía el médico logroñés en el piso superior de su domicilio, situado en el número 33 del Paseo de la Constitución de la capital de Aragón. Aguardaron con extrema frialdad su turno en la sala de espera durante casi media hora y cuando llegó su vez, penetraron en el despacho conducidos por una enfermera. José Ramón Muñoz estaba sentado en su mesa y, según la policía, María Jesús Romero sacó su pistola y disparó tres veces sobre el médico, que resultó herido en la cabeza, el pecho y el hombro. El facultativo murió apenas diez minutos después. La única testigo fue la enfermera, que recibió un golpe con la culata del arma y que tuvo que ser atendida de un choque nervioso en un centro hospitalario.

Al llegar Josefa Yangüela a Zaragoza se dio cuenta de que había un revuelo enorme en las inmediaciones de su domicilio. «Lo primero que me vino a la cabeza fue mi marido. A ver si va a ser algo de José Ramón», recuerda que pensó. Como no se podía acceder a su vivienda la llevaron a la casa de unos amigos, que ya sabían lo que había sucedido «aunque a mí no me dijeron nada». Desde allí, Josefa fue caminando inquieta hacia su domicilio y se encontró con un policía en el portal: «En ese momento me imaginé lo que había pasado». El guardia le preguntó dónde iba y le dijo que no podía entrar: «¡Cómo no voy a poder si es mi casa!», le espetó. El agente le preguntó en qué piso vivía y cuando le contestó que «soy la mujer del José Ramón Muñoz, el propio policía me dio el pésame: 'Le acompaño en el sentimiento'. Así me enteré de que habían matado a mi marido».

En ese momento, Josefa comenzó a subir por las escaleras hacia la consulta: «Tuve la gran suerte de que Dios me iluminó y me surgió el perdón. 'Perdónales porque no saben lo que han hecho'. Lo sentí en ese mismo instante y lo sigo sintiendo ahora. No he tenido ningún rencor y gracias a eso mis hijos no han odiado. Hemos sufrido muchísimo, hemos llorado sin parar..., pero hemos perdonado a alguien que nunca nos pidió perdón», explica sin ambages: «Siento a José Ramón a mi lado cada día, cuando me pasa algo se lo cuento, cuando nuestro hijo se puso enfermo le pedí que me ayudara. Lo amé, lo sigo amando y lo amaré siempre».

El 30 de noviembre de 1989 sesenta de los más de ochenta terroristas del Grapo presos se declararon en huelga de hambre como protesta ante las políticas de dispersión promulgadas por Enrique Múgica, ministro de Justicia del Gobierno de Felipe González. El fanatismo de los Grapo estaba fuera de toda duda y en mayo de 1990 el terrorista José Manuel Sevillano falleció en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid después de 175 días de voluntario ayuno.

Las autoridades penitenciaras trasladaban a los huelguistas a los hospitales más cercanos cuando las condiciones físicas se deterioraban y los días 11 y 26 de enero, fueron ingresados en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza Olegario Sánchez Corrales y Francisco Cela Seoane, miembros del Grapo y reclusos de la cárcel aragonesa de Daroca. Cela Seoane (que salió de la cárcel el pasado mes de abril tras cumplir 30 años de condena) ingresó con 57 días de huelga de hambre y Sánchez Corrales lo hizo con 42. «Era increíble pero las propias familias les animaban a seguir sin comer; en el fondo lo que buscaban eran convertirse en mártires», recuerda Josefa Yangüela.

Los dos presos seguían negándose a comer y su salud cada día iba a peor. «Mi marido estableció una relación muy cariñosa con uno de ellos: Olegario. Me decía que era buena persona y que hablaba bastante con él. Tanto es así que le llegué a preguntar si pensaba traerlo a vivir a casa», explica la esposa del médico riojano, que también recuerda cómo su marido quería «ayudar por encima de todo a salvar una vida. Nosotros somos personas muy religiosas y él no podía concebir dejar morir a nadie en la cama de su hospital sin hacer nada. Era exactamente lo contrario por lo que practicaba la medicina. Sus principios morales estaban por encima de todo».

En unas declaraciones a 'El Mundo', José Luis Casado, el otro doctor del servicio del hospital Miguel Servet que trabajaba junto a José Ramón Muñoz, explicaba que «de repente nos encontramos con que no teníamos clara cuál podría ser nuestra función como médicos. No podíamos limitarnos a ser notarios del deterioro de dos pacientes. El juez había dicho que no se les podía alimentar forzosamente. Durante días mi única función como médico fue dejar en las mesillas una botella de agua por si querían beber, porque una persona no puede vivir más de 10 o 12 días sin beber».

El Gobierno se encontró ante un gran dilema. Antoni Asunción, el entonces director de Instituciones Penitenciarias, afirmó que los terroristas buscaban «un mártir que exhibir» y solicitó tanto a los directores de las cárceles como a los jueces de vigilancia penitenciaria que se alimentase a la fuerza a los huelguistas. El fiscal general del Estado, Javier Moscoso –que además era primo del médico logroñés– ordenó a todos los fiscales que recurrieran las decisiones de los jueces que se negaran a la alimentación forzosa. Al final, el Tribunal Constitucional avaló la alimentación obligada a los presos por la necesidad de impedir su muerte. El TC explicaba en su sentencia que la alimentación forzosa limitaba su libertad e integridad, pero argumentó que tales restricciones eran justificadas y proporcionadas a «la necesidad de preservar el bien de la vida humana».

Josefa Yangüela no podía imaginar que quisieran matar a su marido: «Todo lo contrario; él era muy humano y había luchado con todas sus fuerzas para que no se muriera el preso». Olegario Sánchez Corrales era uno de los terroristas más importantes del Grapo, fue condenado a 45 años de cárcel por el asesinato de los policías nacionales Francisco Sánchez Hernández y José María Martín Morales, tiroteados el 28 de enero de 1977 en la puerta de una caja de ahorros del barrio de Campamento, en Madrid. También había participado en los secuestros de Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, y del general Emilio de Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. En sus 20 años de cárceles participó en más de veinte huelgas de hambre contra la política de dispersión de presos. Abandonó la prisión en 1997. «Mi marido le intentó salvar la vida y lo mataron por ayudarle, pero él jamás se ha puesto en contacto con nosotros y no hemos sabido nunca más sobre su vida», cuenta Josefa.

Josefa, sin embargo, mantiene que a ella los terroristas no le han perdonado: «Es más, me querían matar a mí también. Yo me he sentido perseguida en varias ocasiones por ellos, desde en diversos lugares de Zaragoza hasta en Torrecilla, donde íbamos a pasar algunas temporadas. Me llamaban por teléfono y me decían que nos tenían controlados, que le veíamos en tal tienda, que sabemos que han salido de la ciudad. Las amenazas han durado más de veinte años, pero tenía que sacar fuerzas para tirar hacia adelante con la vida y más con tres hijos. He llorado mucho, pero ellos no me han visto hacerlo».

Unos días después del atentado, Zaragoza vivió una manifestación multitudinaria en protesta por el asesinato. Los médicos del resto de España realizaron concentraciones, paros y minutos de silencio. El funeral se celebró en una basílica del Pilar completamente abarrotada: «Fue muy duro, uno de nuestros hijos no pudo venir por la emoción tan fuerte que sentíamos», explica Josefa, que recuerda que la jornada concluyó con la colocación de una corona de flores frente a «la consulta de mi marido».

María Jesús Romero abandonó la cárcel el 20 de noviembre de 2013 tras aplicarle la 'doctrina Parot'; Guillermo Vázquez Bautista, que además del participar en el asesinato del médico riojano había matado a dos guardias civiles en Gijón, salió en libertad al día siguiente. «Les perdoné porque no podía llevar el odio conmigo toda la vida».