Piden prisión para un fiscal riojano por la polémica instrucción de un caso de corrupción en Palma
Al exacusador público, defendido por el también riojano Javier Barinaga, le imputan, entre otros, el presunto delito de revelación de secretos
El calagurritano Miguel Ángel Subirán, fiscal anticorrupción hasta su jubilación forzosa a los 59 años en junio de 2020, se enfrentará a la petición ... de pena de doce años y medio de cárcel por las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach, del que fue apartado en octubre de 2019 precisamente por estas sospechas.
El asunto, que concernía a la supuesta mayor trama de corrupción empresarial y policial que favorecía los negocios del magnate del ocio nocturno mallorquín Bartolomé Cursach, comenzó a investigarse en 2013 y concluyó el pasado viernes con la retirada de la acusación por parte del fiscal Tomás Herranz, quien tomó el testigo del riojano al frente del caso.
Los abogados del mayor dueño de discotecas de la isla y su número dos, Bartolomé Sbert, los dos principales acusados de la supuesta trama que con el paso de los meses ha ido adelgazando hasta quedarse finalmente en nada, solicitan ahora la apertura de juicio oral contra el fiscal riojano, además de contra el juez Manuel Penalva y contra los agentes de Policía Nacional que les investigaron en la macrocausa.
En el escrito, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) la semana pasada, piden, según recoge un diario local, penas de prisión que suman 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones durante la instrucción de la causa.
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La acusación atribuye a Subirán y al resto de imputados la filtración a los medios de comunicación de varias informaciones secretas de modo que se generara una opinión social que «vulneraba la presunción de inocencia» de los procesados dentro del caso Cursach, además de una detención injustificada y la creación de un clima de «terror» entre los investigados.
La sospecha sobre la investigación del caso por parte de Subirán sobrevolaba prácticamente desde los comienzos del proceso. De hecho, el caso ha ido perdiendo fuelle con el paso del tiempo. Tal es así que a los pocos días del inicio del juicio, el pasado mes de junio, la Fiscalía retiró las acusaciones contra siete de los 23 imputados inicialmente y de los ocho años y medio de cárcel que pedía inicialmente para Cursach, el cabecilla de la trama, pasó a solicitar 18 meses. Aquella modificación dejó sin efecto parte del escrito que llevaba la firma de Subirán.
El caso ha vivido sus más y sus menos a lo largo de los años y fue el motivo de una concentración convocada a las puertas de los juzgados
2017
La causa contra Subirán fue sobreseida en 2021, pero tras una avalancha de recursos el TSJB revocó el sobreseimiento
2022
La defensa del exfiscal la ejerce el abogado Javier Barinaga, letrado del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua en la época del exprimer edil Tomás Santolaya (PP), quien ha sido recientemente juzgado precisamente por la contratación supuestamente irregular de los servicios del despacho de Barinaga para ejercer la defensa jurídica del Consistorio en varios asuntos.
Barinaga, con quien se puso en contacto ayer este diario, rechazó hacer ningún tipo de declaración sobre el estado de su cliente y prefirió mantener la cautela sobre un caso que ha vivido sus más y sus menos y que incluso, en 2017, fue el motivo de la concentración convocada por el abogado Vicente Campaner a las puertas de los juzgados y a la que asistieron cientos de ciudadanos en protesta por la instrucción del caso Cursach.
En 2021 el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares acordó el sobreseimiento de la causa contra Subirán después de que este alegara que no se hallaba en condiciones de defenderse con garantías debido a un trastorno de estrés postraumático. En mayo de este año el mismo órgano revocaba el sobreseimiento y mantenía al exfiscal como investigado después de la avalancha de recursos presentados contra el sobreseimiento. En el auto de revocación y tras varios informes forenses, el TSJB entendía que podía prestar declaración sin problema y someterse a un proceso penal.
Entre tanto, el TSJB también abrió un expediente contra Barinaga, quien defiende a Subirán y Penalva, por presunta difamación a la Fiscalía. Consideró que unos «juicios de valor» efectuados por el letrado podían constituir una falta disciplinaria.
Las lágrimas del fiscal que sustituyó a Subirán por el «fracaso de la justicia»
Casi diez años después de que arrancara la investigación, Tomás Herranz, el fiscal que sustituyó a Subirán, cerró el pasado viernes el caso con la retirada de todas las acusaciones. Durante la lectura, entre lágrimas, de las conclusiones definitivas, Herranz calificó el caso como un «auténtico fracaso de la justicia» al tiempo que reconoció ante los acusados que habían sido «víctimas de la injusticia», en referencia a los años de instrucción que sufrieron empresarios, policías y políticos de Mallorca. «Le hemos dado mil vueltas, no hay quien lo sostenga», dijo de la acusación formulada por su predecesor. Herranz hizo un duro alegato contra las investigaciones llevadas a cabo por parte de Subirán y reclamó que tanto él como Penalva sean investigados por presuntos delitos de coacciones a testigos.
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