Google se traslada a Europa

Protegernos frente a los abusos es casi una responsabilidad como ciudadanos. Y para ello la mejor receta es aplicar el sentido común, aunque ya sabemos que éste es el menos común de los sentidos

Google se traslada a Europa

El próximo martes 5 de febrero es el día de Internet segura. A menudo nos preguntamos si el uso que hacemos de Internet es correcto y si los datos que proporcionamos a través de la red se tratan convenientemente. Sin duda, uno de los principales actores al que, consciente o inconscientemente, más información facilitamos en la red es Google, quien nos ofrece múltiples servicios (buscador, correo electrónico, espacio de almacenamiento, etc.) al «módico» precio de permitirles conocer nuestros gustos, actuaciones, etc.

El pasado 22 de enero Google actualizó su política de privacidad: ese texto tan largo que aceptamos sin saber muy bien qué es lo que dice. Una de sus principales novedades radica en que los servicios pasan a ser prestados en el Espacio Económico Europeo por Google Ireland Limited en vez de Google LLC. La compañía ya comunicó este cambio en diciembre alegando una mejor colaboración con las agencias de protección de datos europeas.

¿Y realmente nuestros datos están más protegidos con este cambio? Pues sorprende ver cómo la política mantiene intacta la manera en la que Google presta el servicio y, en definitiva, protege nuestra privacidad. Es decir, que nos quedamos más o menos igual. Cuando enviemos un correo por Gmail, no nos aseguran que nuestros datos no sigan viajando por servidores de todo el mundo, como hasta ahora.

Es importante que seamos conscientes del enorme poder que estos gigantes tecnológicos están adquiriendo. Probablemente todos hayamos oído aquello de «si un producto es gratis el producto eres tú». Estamos encantados de descargarnos una aplicación gratuita que nos informe en nuestro smartphone de cuántos kilómetros hemos andado y a qué velocidad. No es casual que sean las propias marcas de calzado deportivo las que están detrás de estas aplicaciones para conocer nuestros gustos y comportamientos y hacer negocio.

Quizá esto no nos preocupe demasiado, pero hay posibilidades mucho más peligrosas. Puede que nos parezca muy avanzado hacer una búsqueda sin escribir diciéndole al móvil «Ok Google». Esto implica que está analizando continuamente todo lo que decimos. ¿Estamos seguros de que no usa esta información para otros usos? En 2015 veíamos en los medios cómo Samsung admitía que sus smartTV podían registrar y espiar las conversaciones de sus dueños. Y todo perfectamente informado en su política de privacidad…

Y es que ante ciertos escándalos se nos ponen los pelos de punta. Hace unos meses veíamos cómo Mark Zuckerberg comparecía ante el Parlamento Europeo por permitir Facebook a Cambridge Analytica hacer un uso fraudulento de los datos de millones de usuarios, con la sospecha incluso de afectar al resultado del referéndum del Brexit.

Es básico que tomemos las adecuadas medidas de protección. Por un lado, con un marco legislativo adecuado. En mayo de 2018 dimos un primer paso con la obligatoriedad de cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Frente a la normativa anterior, este reglamento afecta a cualquier organización, europea o no, que trate nuestros datos personales. Las nuevas sanciones que impone -hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio- debieran ser suficientemente disuasorias para aquellos que no pretendan hacer un uso respetuoso de nuestra intimidad. Para ello es importante que se apliquen de forma rigurosa, especialmente en los casos más mediáticos. En este sentido parece avanzar la reciente sanción de 50 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades (CNIL) francesa a Google y que conocíamos el pasado 21 de enero. La multa, en aplicación del RGPD, viene causada por ausencia de transparencia e información incompleta proporcionada por el gigante tecnológico, así como la falta de un consentimiento válido para los servicios de personalización de publicidad. Si bien el importe de la sanción queda lejos del máximo contemplado en el RGPD (ronda el 0,05% del volumen de negocio de la compañía en 2017), supone un notable incremento respecto a las multas impuestas con la anterior normativa.

Por otro lado, como ciudadanos responsables y maduros, tendríamos que ser celosos de nuestra privacidad y actuar en consecuencia. A priori es muy difícil saber si una empresa protege realmente nuestra intimidad. El reglamento recoge esquemas de certificación para que las empresas puedan acreditar el cumplimiento de la ley, lo que arrojará luz en este sentido, pero, de momento, los mecanismos no están establecidos. Por ello, la prudencia debiera ser nuestra mejor consejera. Cuantos menos datos proporcionemos de nosotros mismos, más difícil será que puedan usar esa información.

En definitiva, es fundamental que seamos muy conscientes del poder que están concentrando estos gigantes tecnológicos, y gracias a que nosotros se lo damos gustosamente. Quizá pensemos que hacer uso comercial de nuestros gustos no es peligroso. Pero la información que damos de nosotros mismos buscando en Internet, usando apps o participando en redes sociales permite a empresas especializadas construir y enviarnos un mensaje adecuado e incluso orientar nuestro comportamiento. Y en esta época de la postverdad y las fake news resulta aún más peligroso. Por eso, protegernos frente a los abusos es casi una responsabilidad como ciudadanos. Y para ello la mejor receta es aplicar el sentido común, aunque ya sabemos que éste es el menos común de los sentidos…

 

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