Ha tenido suerte Pedro Sánchez de que, en las últimas semanas, la opinión pública haya estado entretenida con asuntos varios que han distraído la atención ... sobre sus negociaciones para reeditar el gobierno de coalición. Pero el encuentro en Bruselas entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont, y la rueda de prensa en la que este último expuso sus condiciones, han avivado el debate.
El Gobierno estaría ultimando a toda prisa una ley de amnistía para antes de la investidura, tal como exigen los independentistas. No ha habido confirmación oficial, pero los adeptos a Sánchez no dejan de hablar de las bondades de esta medida para mejorar la convivencia en Cataluña. Incluso la comparan con la amnistía de la Transición. En el otro lado, se suceden las opiniones sobre su posible inconstitucionalidad, viejos líderes socialistas se posicionan en contra de los supuestos planes de Sánchez y empieza a calentarse el ambiente con el anuncio de posibles manifestaciones en la calle.
Creo que, para ser justos, en este debate habría que diferenciar dos planos. El primero, el de la legitimidad que tiene Sánchez para plantear las medidas que él considere sobre Cataluña. Y el segundo, el relativo a la forma en la que se están planteando estas medidas. Y en política, ya se sabe que las formas son a veces tan importantes como el fondo.
En el primer plano, nadie puede negar que el presidente tiene toda la legitimidad del mundo para proponer un cambio de estrategia en el tema catalán. Por ejemplo, para reivindicar que la vía política y la negociación sustituyan a la vía judicial o policial si se quiere resolver el conflicto. O para plantear una reforma de la Constitución que abra una nueva etapa en la relación con las regiones históricas e, incluso, una amnistía para empezar de cero en Cataluña. Sánchez puede poner encima de la mesa estas propuestas y que luego sean los ciudadanos quienes las respalden o no en las urnas.
Pero ahí viene el problema. Porque, si esa es su posición, ¿por qué no la detalló en su programa electoral y la expuso abiertamente a los ciudadanos durante la campaña? Si Sánchez considera ahora que la amnistía es tan necesaria para superar el problema catalán, ¿por qué ha dicho una y otra vez (tanto él como otros miembros de su gobierno) que no cabía en la Constitución y que jamás se concedería, por mucho que la pidieran los independentistas?
De ser cierto que está dispuesto a dar este paso, la posición de Sánchez se desmoronaría. Y no creo que le valiera esta vez decir que no ha mentido, sino que ha cambiado de opinión porque así lo aconsejaba el interés general y la convivencia en Cataluña. Porque, ¿en qué ha cambiado el interés general desde las elecciones de julio hasta ahora? En nada. Lo único que ha variado es su interés particular de seguir siendo presidente, trasladando la peligrosa imagen de que, con tal de conseguirlo, está dispuesto a aceptar el chantaje.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
