El 'no' de Podemos al decreto del 'apagón' amenaza el final de curso triunfal que buscaba Sánchez

Podemos ya adelantó este lunes su voto en contra con el argumento de que el Gobierno defiende los intereses del «oligopolio energético» en lugar de atender el interés general y de que las probabilidades de que ocurra un nuevo apagón son «exactamente las mismas» resulte o no convalidado el texto ahora en vigor. Un argumento que rebaten desde la Fundación Renovables, donde defienden que la norma contiene medidas que potencian el autoconsumo y dan seguridad a las familias que han optado por él.

La posición de Podemos no es, en todo caso, el único escollo al que se enfrenta el Ejecutivo. Junts no ha anunciado qué hará y aunque en el Gobierno creen que no rechazará el decreto ley porque perjudicaría a la industria energética catalana, tampoco se atreven a dar nada por sentado. El ministro de Justicia Presidencia, Félix Bolaños, suele bromear con que nunca respira hasta que no ve el panel de votación en verde, porque los de Carles Puigdemont suelen utiliza cada negociación para presionar con su agenda al margen del contenido concreto de la norma que se discuta.

En estas circunstancias, la última palabra la tendrá el Partido Popular, que como el que lidera Ione Belarra, rechazó sentarse con el Gobierno para hablar de este asunto. Una abstención de los populares, que no se descarta, sería suficiente. En un contexto de competencia con Vox y guerra sin cuartel, agravado por las pullas mutuas a cuenta de la corrupción - el ‘caso Cerdán’, de un lado, y el ‘caso Montoro’, del otro –, los incentivos del primer partido de la oposición para salvar a los socialistas es nulo. Pero las empresas, en concreto las fotovoltaicas, también presionan para que el texto salga adelante.

La recién nombrada portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, evitó aun así despejar este lunes la incógnita y avisó expresamente de que su grupo no comunicará el sentido de su voto «hasta que llegue el momento». Ni siquiera garantizó el apoyo a otro de los decretos que se verán en este último pleno antes del descanso estival y que contiene algo que, fundamentalmente, beneficia a las comunidades autónomas de su partido y que la formación llevaba meses pidiendo, el que recoge la actualización de los anticipos a cuenta del sistema de financiación que decayeron con el real decreto ley ómnibus el pasado enero. Tampoco dijo qué harán en el caso de otro texto, ‘ a priori’ sin aristas, que recoge incentivos fiscales para grandes eventos de carácter cultural o deportivo en toda España. «Necesitan que les convalidemos decretos porque no tienen Presupuestos», disparó.

Para evitar derrotas seguras, el Ejecutivo ya había decidido dejar para septiembre leyes relevantes como la de la reforma de la carrera judicial (proyecto estrella de Bolaños) la reducción de la jornada laboral (empeño personal de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz) o la de la movilidad sostenible (también de Sumar y pendiente desde la pasada legislatura). Pero los reales decretos leyes tienen plazos tope para su convalidación.

El resto de cuestiones, en principio, no ofrecen excesivos problemas. Se trata de tres normas que ya obtuvieron la mayoría del Congreso pero que ahora regresan del Senado tras recibir enmiendas: la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, y la reforma de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en la que el PSOE y Sumar metieron la enmienda que pactaron tras un serio choque entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero para que quienes perciban el SMI no paguen IRPF.