Jesuitas aparta de su colegio a un religioso denunciado por abusos sexuales en Gijón

Imagen de archivo del colegio de Jesuitas de Logroño, ubicado en la calle Huesca. /Justo Rodriguez
Imagen de archivo del colegio de Jesuitas de Logroño, ubicado en la calle Huesca. / Justo Rodriguez

El centro educativo inscribe la medida dentro de su política de «tolerancia cero» ante cualquier tipo de ataques a menores

Luis J. Ruiz
LUIS J. RUIZLogroño

El colegio Jesuitas de Logroño, a través de la plataforma de contacto que tiene con los padres de los alumnos, envió ayer una circular a toda la comunidad educativa en la que les trasladaba que el padre provincial de España de la Compañía de Jesús había informado al centro de la existencia de una denuncia por presuntos abusos sexuales contra Jorge Enríquez Muñoz, nombrado párroco de la iglesia San Ignacio de Loyola por la Diócesis riojana en agosto del año pasado y que tomó posesión el 30 de septiembre.

El comunicado, firmado por el director del centro, Juan Carlos Marañón, y el delegado de la Plataforma Apostólica Local, el jesuita Álvaro Alemany, sostiene que los supuestos abusos sexuales habrían ocurrido en Gijón, en donde Enríquez trabajó durante tres años en el colegio de la Inmaculada Concepción (entre el 2005 y el 2008) poco después de ordenarse sacerdote (2004). Tras pasar por México y Galicia, aterrizó en La Rioja a principios del 2015. La primera medida fue «trasladarle de manera inmediata a otra ciudad mientras se clarifica lo sucedido, imponiéndole también algunas medidas cautelares como la de no tener contacto con los menores».

Ese traslado se habría producido durante el pasado mes de diciembre, cuando se informó a las familias de que Enríquez se encontraba de baja, sin concretar motivos ni explicaciones adicionales. «Ha habido mucho hermetismo», apuntaba ayer una de las familias del centro.

El comunicado, en el que el colegio también recuerda que hace apenas dos semanas se destaparon los abusos cometidos en Salamanca por el también jesuita José María Sánchez Nieto, hace un llamamiento a «equilibrar la atención y la acogida a la presunta víctima, junto a la presunción de inocencia y el derecho de cualquier persona denunciada a defenderse» mientras se desarrollan «los procesos (judicial y canónico) que se siguen para esclarecer los hechos y buscar la justicia». «Solo podemos pedir respeto y colaboración con los procedimientos en curso y desear que esta etapa compleja que nos toca afrontar en nuestras instituciones [...] las conviertan en entornos protegidos y seguros», completa el comunicado.

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