Fomento tramita un nuevo real decreto para evitar que los camiones vuelvan a la N-232

En paralelo, también está preparado el nuevo convenio a suscribir por las tres partes implicadas, Administración General del Estado, Gobierno de La Rioja y Autopista Vasco-Aragonesa, que recoge las bonificaciones a los camiones de cuatro o más ejes, que son los afectados por esta medida.

El objetivo, por tanto, es sustituir la anterior normativa anulada por el Supremo que ha hecho que «nos movamos en una especie de inseguridad jurídica que no parece positiva» y «la mejor manera de aclararlo es a través del nuevo real decreto que corrija todos los elementos que contenía el 'petitum' de la sentencia», explica el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz.

Aunque ya están sentadas las bases y armada legalmente la nueva disposición, en la que se ha estado trabajando desde prácticamente conocerse el fallo a primeros de julio pasado, sería prematuro, según Pérez Sáenz, hablar de plazos de una tramitación que debe concluir con la aprobación de la normativa por parte del Consejo de Ministros y su publicación en el BOE. Este último requisito significaría su entrada en vigor.

La sentencia en cuestión, que dio lugar a múltiples interpretaciones, estimó un recurso que presentó la empresa de transporte Grupo Logístico Arnedo S.L. y tumbó el Real Decreto 1023/2017 al considerar que no se había acreditado la congestión del tráfico, la contaminación acústica y la siniestralidad alegadas en dicho real decreto.

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo recordaba en su fallo judicial que el uso obligatorio de una autopista de peaje, como en este caso, debía estar justificado con estudios que acrediten que las medidas acordadas son las más adecuadas y, después de analizar el expediente, el Supremo concluyó que no estaban justificadas.

La difusión de aquel fallo desembocó en una cascada de interpretaciones. Desde algunos sectores entendieron que el texto judicial anulaba las bonificaciones y no la prohibición de circular por la N-232, por lo que los vehículos pesados continuarían obligados a circular por la autopista de peaje y sin la subvención, mientras que en otros, dieron por sentado que la anulación del mencionado reglamento implicaba que los vehículos podían regresar a la nacional. En medio de tal confusión, la Abogacía del Estado solicitó una aclaración sobre cómo ejecutar el fallo. Una petición a la que el Supremo respondió el pasado miércoles con un «no ha lugar».

El nuevo real decreto sustituye a la disposición 1023/2017 de 1 de diciembre ya anulada, como así figura en la web del Ministerio de la Presidencia, por la que se aprobó el convenio suscrito entre la que la Administración General del Estado, el Gobierno de La Rioja y la Autopista Vasco-Aragonesa para la aplicación de las medidas de bonificación de peajes a determinados vehículos pesados en la AP-68, en el tramo Zambrana-Tudela.

A tres bandas acordaban implementar una serie de medidas para mejorar la funcionalidad y la seguridad en la N-232 y en la N-124 que básicamente consistían en vetar el tráfico de vehículos pesados de cuatro ejes o más de los puntos kilométricos 330,875 al 446,710 de la N-232 y del 39 al 45,990 de la 124 y desviarlo a la AP-68. El desvío sería provisional y mientras no se produjera el desdoblamiento de ambas nacionales. Los camiones obligados a transitar por la única vía de peaje que discurre por La Rioja verían bonificados sus trayectos en un 75% del importe del peaje en aquellos casos en los que realicen movimientos internos y utilicen VIA-T en el tramo Zambrana-Tudela y del 71,27% al resto de camiones que circulen por el tramo Zambrana-Tudela. Del 60% del total de la bonificación se haría cargo el Ejecutivo regional y del resto, el Gobierno central.