La Fiscalía archiva la denuncia del Gobierno por las mascarillas de Arneplant
El Ejecutivo de Capellán había trasladado al Ministerio Público la compra de cubrebocas a la empresa arnedada durante la pandemia
La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por el Gobierno de Capellán por la compra de mascarillas a la empresa arnedana Arneplant, según confirman fuentes del Ejecutivo y ayer publicó el diario ABC. Aunque no lo hizo público, el Ejecutivo resolvió el pasado mes de marzo trasladar ese contrato al Ministerio Público tras el informe encargado a la consultura KPMG.
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El Gobierno de La Rioja, entonces dirigido por Concha Andreu, realizó dos importantes contrataciones de mascarillas en plena pandemia. El más cuantioso (3,47 millones) fue con una distribuidora granadina especializada en productos para culturistas, Tec Pharma, que entregó un material defectuoso. El 90% de sus tapabocas no pasaron los controles de calidad y quedaron almacenados al no poder ser utilizados. Ahora la firma, con sede en Armilla (Granada), se niega a devolver los casi tres millones que se le reclaman desde el Ejecutivo riojano. En este último caso, la reclamación se encuentra en el tribunal contencioso-administrativo.
La otra gran compra se cerró con una empresa arnedana de calzado, Arneplant, a la que se le pidió que ajustasen su producción a la fabricación de mascarillas. El monto del contrato fue de tres millones de euros. En el pliego de condiciones se exigía que fueran quirúrgicas, aunque al final se certificaron como higiénicas. Los 5,5 millones de mascarillas de Arneplant acabaron distribuyéndose por centros escolares o directamente a los ciudadanos.
Al conocer la resolución de la Fiscalía, el CEO de Arneplant, Alfonso Ruiz, lamenta haberse encontrado «en medio de una batalla política» por haber atendido la petición urgente que les realizó el Gobierno de La Rioja en los momentos más duros de la pandemia. «Nosotros al principio les dijimos que no. Luego nos insistieron en que lo intentáramos, aunque en ningún momento iban a ser para el personal sanitario», explica. El director ejecutivo de la empresa recuerda que contrataron a 160 personas para llevar a cabo el pedido y que su precio (0,54 centímos por mascarilla) era «muy inferior» al que entonces había en el mercado, «que rondaba los cuatro euros».
Ruiz reconoce que el pliego de condiciones marcaba que las mascarillas debían ser 'quirúrgicas', aunque indica en el proceso de fabricación descubrieron que no tenían la homologación necesaria para vender material sanitario. «El producto era quirúrgico, y así se reflejaba en los análisis, pero no lo podíamos vender como tal. Fue el Gobierno el que nos pidió que se las entregásemos etiquetadas como higiénicas porque las necesitaban», explica. «Que fueran cómodas o incómodas es otra cosa –apostilla–; pero fabricamos lo que nos pidieron. Por algo que hicimos de buena voluntad y porque nos lo habían pedido, hemos acabado en medio de una batalla política como si fuéramos estafadores», denuncia.
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La Consejería de Salud, fue quien licitó el pliego del contrato por procedimiento de emergencia y la que pagó los tres millones de euros a Arneplant, pero fue la directora de la Fundación Riojana para la Innovación (FRI), Nuria San Servando, la que recepcionó la mercancía, aunque no era la persona competente para ello. El Gobierno regional, que ha confirmado la resolución de la Fiscalía, ha declinado comentar el expediente.
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