La acusada de forzar a prostituirse a una familiar pacta una condena de dos años y esquiva la cárcel
La mujer, de 27 años, reconoce en la Audiencia Provincial que le confiscó a la víctima la documentación personal con la excusa de guardársela y le exigió que le entregara la totalidad del dinero que ganaba
V.C., la joven de 27 años que convenció a una familiar para viajar desde Rumanía a España para ejercer la prostitución ha aceptado este lunes en la Audiencia Provincial de La Rioja una pena de 24 meses de prisión, 18 por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y 6 por otro de determinación al ejercicio de la prostitución y explotación sexual además de una multa de 6 meses a razón de 6 euros diarios. Ese ha sido el acuerdo al que ha llegado la letrada de la condenada con el Ministerio Fiscal y la acusación particular para rebajar, aplicando la atenuante de dilaciones indebidas, la petición inicial de condena: ocho años y medio de cárcel. Las partes han acordado suspender la pena, por lo que la condenada no entrará en prisión.
En la breve vista que se ha celebrado este lunes en la Audiencia Provincial, la ya condenada ha reconocido que en el 2014 se puso de acuerdo con los padres de la víctima -una mujer «humilde de nula instrucción, sin recursos personales, analfabeta, hija de una matrimonio campesino con siete hijos, con grandes dificultades económicas», según el escrito de la Fiscalía, y con la que tenía una relación familiar lejana- que ambas viajaran a España para dedicarse a la prostitución y así poder algo de dinero. Ante la falta de recursos de la víctima, la condenada se hizo cargo de los gastos de desplazamiento, acordando que se lo devolvería según fuera trabajando.
Tras un tiempo en la localidad burgalesa de Pancorbo, las dos se trasladaron hasta la capital riojana y se pusieron a ejercer la prostitución, dice la Fiscalía, en el Club 'El Rancho', que estaba ubicado en el número 27 de la calle Vitoria. A partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar y la ahora condenada «comenzó a ejercer un férreo control» sobre la víctima «y al dinero que tenía como crédito por haberle pagado el viaje, pronto sumó una actitud de control y sometimiento personal para aprovecharse de ella y del dinero que ganaba como prostituta».
Según el relato de hechos de la fiscalía, V.C. «le confiscó la documentación personal con la excusa de guardársela, le exigió que le entregara la totalidad del dinero que ganaba diciéndole que a las chicas que no le hacían caso, les pegaba. Para cualquier gasto que tuviera, tenía que pedirle dinero a la acusada, quien además controlaba incluso cuando hablaba con sus padres por teléfono». Ese control se extendió a su libertad circulatoria ya que «no podía salir del piso de la calle Chile sola y muchas veces, cuando acababa su jornada en el club, la acusada le iba a buscar. Incluso llegó a censurarle que tuviera relaciones con un chico rumano, riñéndole y llegando a pegarle».
Esa situación de control se extendió hasta octubre del 2015 gracias al propietario del club. Un cliente le contó las confidencias que le había hecho la víctima y este alertó a la Policía Nacional, que destapó la situación y consiguió liberar a la víctima que, si bien inicialmente aceptó venir a España a ejercer la prostitución, «dada su vulnerabilidad y falta de recursos personales para afrontar la situación, pronto se vio sometida al control y presión de la acusada, quien era consciente de la debilidad de su compatriota, creándole una situación que de facto le impedía decidir, y le obligaba a seguir ejerciendo la prostitución.
