El abogado reincidente se sienta de nuevo este lunes en el banquillo acusado de estafa

El abogado David Nieto volverá a sentarse este lunes en el banquillo en la Audiencia Provincial de La Rioja acusado, en esta ocasión, de estafa y deslealtad profesional. Delitos por los que la Fiscalía pide para él tres años de cárcel, multa de 4.800 euros, inhabiltación para el ejercicio de la abogacía durante cuatro años y el pago de una indemnización a los perjudicados de 12.000 euros.

La empresa de la que era administrador único el letrado, según detalla el fiscal en su escrito de acusación, fue contratada por tres familiares para la tramitación completa de una herencia. El presupuesto que elaboró el procesado ascendía a 1.694 euros. El 50% a abonar en el momento de la contratación y el resto al finalizar.

El 21 de enero de 2020, los clientes ingresaron 847 euros en la cuenta que les había proporcionado el abogado, y el día 31, a requerimiento del acusado, 900 euros más para atender los gastos de notarías y registros. «El acusado -precisa el fiscal- aceptó tanto estas cantidades como las futuras que iba a recibir con ánimo de enriquecerse injustamente de los bienes ajenos, de no cumplir con lo que se comprometía o realizando actuaciones profesionales que eran claramente insuficientes para tal fin».

Ante los perjudicados, David Nieto siguió aparentando que realizaba de forma correcta y diligente todas las actuaciones a las que se había comprometido. El día 3 de septiembre les trasladó el cálculo del impuesto de sucesiones y entre los tres le abonaron en torno a 5.500 euros para que se encargara de liquidarlo.

En agosto de 2021 y como consecuencia de la conducta del procesado, las tres víctimas recibieron un embargo de la Comunidad Autónoma de La Rioja por la deuda de la residencia que se suponía que el acusado estaba gestionando. Y en abril de 2022, una citación de Hacienda por el impuesto de sucesiones que debía haber abonado el abogado. Pese a todo, siguió aparentando profesionalidad y diligencia y nuevamente se ofreció para intervenir en su nombre y les remitió un presupuesto de 605 euros, de los que tenían que pagar el 50% al momento y la otra mitad al finalizar las gestiones. Los perjudicados aceptaron e ingresaron la cantidad indicada.

Debido a la no actuación del acusado y en concepto de sanciones e intereses que les impuso Hacienda por no efectuar la liquidación de la herencia en plazo, los perjudicados tuvieron que abonar cerca de 10.000 euros, y más de 500 por los gastos de notaría.

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